EFETeruel/València

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel ha planteado al Tribunal Supremo una cuestión de competencia jurisdiccional en el caso de extorsión sexual a través de una página web de contactos, destapada en febrero de 2019 en Teruel, para que este sea juzgado en la Audiencia Nacional dado el elevado número de afectados en todo el país.

El sumario, con más de 25 tomos instruidos, incluye a una treintena de denunciados, entre ellos el futbolista del Levante UD Toño García Aranda, así como a los dos presuntos cabecillas, Ismael B., alias Salva, y Massimina F., alias Erik, que según informa este martes El País son de origen valenciano.

Ante el gran número de perjudicados, el magistrado remitió la causa a la Audiencia Nacional, tribunal que argumentó por escrito no ser competente para su investigación porque no quedaba acreditada la existencia de una generalidad de personas, en el sentido de una pluralidad importante de sujetos pasivos afectados, informa el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en nota de prensa.

A raíz del resultado de las investigaciones judiciales realizadas hasta el momento, el juez instructor, Jerónimo Cano, remitió el pasado 3 de diciembre de 2019 un escrito condensando en trece folios las cuestiones principales de la causa sobre la que todavía rige el secreto de actuaciones, añade la información de El País.

En el escrito remitido, el instructor plantea al alto tribunal la cuestión de competencia basándose en las investigaciones judiciales realizadas hasta el momento y los informes de la policía judicial según los cuales existirían un total aproximado de 4.000 potenciales perjudicados en la práctica totalidad del territorio nacional, en concreto en veinticuatro provincias, y de los cuales más de doscientos podrían haber efectuado ingresos en las cuentas de los investigados.

La causa continúa bajo secreto de actuaciones e incluye la presunta comisión de delito de extorsión, delitos de extorsión, amenazas graves de muerte, contra la intimidad de las personas, falsedad documental, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo u organización criminal.

La trama, investigada por la Guardia Civil a raíz de la denuncia presentada en el cuartel de Sarrión (Teruel) por una de las víctimas, sacó a la luz una red que chantajeaba a personas que contrataban prostitutas a través de la web 'pasion.com', y a las que amenazaban con enviarles miembros de un grupo mafioso del Este para darles una paliza o matarles si no pagaban cantidades de dinero diversas.