EFEAlicante

El inicio del juicio sobre el presunto fraude de la basura de Calp (Alicante), una de las 20 piezas separadas del llamado 'caso Brugal', ha quedado pospuesto hoy en la Audiencia de Alicante a petición de los letrados de las defensas por falta de medios técnicos.

La causa se dirige contra el exalcalde calpino, el popular Javier Morató, y dos exediles, Fernando Penella y Juan Roselló, además de varios familiares, y de los empresarios responsables de Colsur, la empresa concesionaria del servicio, Ángel Fenoll y su hijo Antonio Ángel Fenoll.

El tribunal de la Sección Segunda ha decidido aplazar el inicio de la vista hasta el próximo 16 de febrero -la fecha prevista para el desarrollo de la segunda sesión del juicio- después de que el conjunto de los abogados defensores haya alegado que no se cumplían las medidas de prevención necesarias para evitar el riesgo de contagios por coronavirus por un supuesto exceso de aforo (con lo cual no estaban de acuerdo la fiscalía y acusación particular) y que, además, tampoco disponían de los medios técnicos necesarios para poder desarrollar su labor.

En concreto, como primera cuestión previa han alegado que muchos de ellos no disponían de una mesa en la que poder organizar su documentación, lo que suponía una ausencia de garantías que atentaba contra el respeto a la dignidad profesional y que impedía que pudiesen ejercer el derecho a la defensa de sus representados.

Tras una breve deliberación, los magistrados han acordado la suspensión de la vista con la intención de buscar una solución en el día previsto para su reanudación.

La decisión se ha adoptado después de que los representantes de la Fiscalía Anticorrupción y los letrados de la acusación particular, ejercida por el ayuntamiento, se hayan solidarizado con la petición expresada por las defensas, aunque solo por lo que respecta a la ausencia de medios.

Por el contrario, las dos acusaciones han expresado que daban por cumplidas las condiciones sanitarias requeridas puesto que se respetaba el límite de aforo asignado para la sala en la que se debía desarrollar el juicio.

Se trata de la sala reservada para la celebración de juicios con jurado, en la que se prevé un aforo máximo de 33 personas.

En la causa se debe dilucidar si los políticos procesados pactaron con los representantes de Colsur el pago de comisiones a cambio de esa adjudicación, acordada en 1998, en entregas que pudieron hacerse efectivas durante los siguientes años.

Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, el entonces alcalde, el popular Morató, y los dos tenientes de alcalde, Penella y Roselló, se repartieron 100 millones de las antiguas pesetas (600.000 euros), mientras que otros 20 millones de pesetas (120.000 euros) fueron destinados al club de fútbol local y 4 millones (24.000 euros) a un intermediario.

Por su parte, según la Fiscalía, los representantes de Colsur, Fenoll y su hijo, incrementaron supuestamente de forma fraudulenta el número de toneladas de basura tratadas para hacer frente a esos pagos con el conocimiento de los cargos públicos.

La acusación pública cifra en 11.983.904 euros la cuantía que la mercantil adjudicataria intentó defraudar a las arcas municipales y en 4.285.998 el perjuicio efectivo ocasionado al consistorio.

Solicita inicialmente penas que oscilan entre los dos y los 14 años de prisión para los acusados por delitos continuados de cohecho, prevaricación, malversación y blanqueo de capitales.