EFEValència

Un juez valenciano ha ordenado la puesta en libertad de una inmigrante irregular que estaba interna en un CIE, esperando a ser expulsada de España, a causa de las circunstancias provocadas por la pandemia de coronavirus.

El juez, no obstante, ha impuesto a la mujer la obligación de someterse a controles semanales en la Brigada de Extranjería de la Policía, según el auto hecho público este martes.

Además, el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, con el informe favorable del fiscal, le ha retirado el pasaporte. "Las especiales circunstancias que concurren en el territorio nacional de la internada" y las "dudas razonables de que pudiera llevarse a cabo la expulsión dentro del plazo máximo legal de 60 días, finalizando dicho plazo el día 9 de mayo de 2020" aconsejan "el cese del internamiento", dispone el auto.

Antes de aportar su informe el fiscal había pedido al grupo de Extranjería de la Policía Nacional que indicara si podría asegurarse la posibilidad de expulsión de la interna dentro del plazo legal máximo, y la Policía respondió negativamente.

Los motivos alegados en el informe policial eran "la excepcionalidad de la situación de emergencia decretada en nuestro país, vigente de momento hasta el próximo día 12 de abril de 2020, y las relaciones internacionales existentes y que podrían prorrogarse de forma no conocida pero que podrían hacer impracticable la expulsión acordada previamente, añadidas también cuestiones de cierre de fronteras".

La Asociación de Abogados Extranjeristas ha divulgado un comunicado, a propósito de esta decisión judicial, donde señalan: "El pasado 16 de marzo presentamos una queja al Defensor del Pueblo y reclamamos del Ministerio del Interior el cierre de los CIE debido a la pérdida de su función y sentido, al devenir imposible la ejecución de las órdenes de expulsión a las que supuestamente se deben los internamientos".

"El Defensor respondió apoyando nuestra queja y recomendando al Ministerio la puesta en libertad de los internos. Sin embargo, el Ministerio se mostró contumaz en su postura, y se negó a poner en libertad a los internos", dice también la nota, que añade que su posición se ve reforzada por el citado auto conocido este martes.

La asociación define a los CIE como "un espacio de sufrimiento que se aplica a aquellos que se atreven a inmigrar irregularmente a nuestro país, y con ello se consigue un elemento de disuasión que es en sí mismo un abuso por parte de los Estados, y que por otra parte elude las garantías mínimas de las privaciones de libertad en los Estados democráticos".

Sin embargo, el portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia, Jaime Gil, muestra su desacuerdo con esa postura: "Esto pasa con frecuencia, puede que en determinadas circunstancias se retire el pasaporte y se impongan otras medidas en lugar del internamiento, porque pueda ser aconsejable. Pero no cabe elevar ninguna conclusión general a partir de este caso".

El portavoz de la Fiscalía ha precisado también que, "en los CIE, hasta el momento, no se conoce ningún caso de contagio de coronavirus, y las condiciones de vida de los internos, en general, son buenas".