EFECastelló

Un juzgado de lo Social de Castelló ha dictado este viernes un auto donde requiere a la Conselleria de Sanidad para que provea "con carácter urgente e inmediato, en cuanto sea posible," de material de protección individual frente a la Covid-19 a los profesionales sanitarios de esta provincia.

El auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, se dicta un día después de los emitidos por sendos juzgados de València y Alicante en el mismo sentido, en los tres casos a instancias del sindicato médico CESM-CV.

El auto del Juzgado de lo Social número 4 castellonense acuerda la medida cautelar solicitada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos Comunitat Valenciana CESM-CV para que, con carácter urgente e inmediato, la Conselleria provea a los hospitales y centros de salud de castellón de mascarillas, batas, gafas de protección y contenedores grandes de residuos.

El objetivo de esta medida cautelar es "garantizar la salud y protección" a los profesionales sanitarios, según señala la resolución judicial, contra la que se puede formular oposición en el plazo de diez días.

El auto señala que esta decisión está en la línea de las adoptadas este jueves por los Juzgados de lo Social de Valencia y Alicante, así como en la Comunidad de Madrid, y afirma que se desconoce si la falta de puesta a disposición del material de protección afecta a todos los centros sanitarios de la provincia, o si, en caso de falta de suministro lo es por causa directamente imputable a la Generalitat.

La resolución destaca la obligación de la Administración de proteger a sus trabajadores, lo que conlleva también la obligación de dotarles de "los medios preventivos necesarios para que realicen su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad".

También señala la urgencia de dichas medidas, no solo por el deber de seguridad impuesto a la Administración sanitaria o el derecho del trabajador a ser protegido, sino también por el derecho del paciente a ser atendido adecuadamente por el personal sanitario, con el fin de proteger su salud y sobre todo de "salvar el mayor número de vidas posible".

Según el auto, el personal sanitario, junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el resto de empleados de los sectores esenciales para mantener en funcionamiento el suministro de productos y servicios de primera necesidad, el que se halla "más expuesto a los riesgos de contagio".

Las informaciones difundidas en los medios de comunicación "muestran una incidencia superior en el personal sanitario respecto del resto de la población, que confirma ese mayor riesgo ante la acción de la enfermedad, con el consiguiente peligro de colapso que se pretende evitar", añade la resolución.

En este contexto, el uso de las medidas de seguridad precisas para evitar el contagio resultan "imprescindibles y necesarias, y deben constituir uno de los objetivos prioritarios en la acción de la Administración", indica la magistrada.