EFEAsunción

Horacio Cartes concluye este miércoles sus cinco años de Gobierno con saludables cifras macroeconómicas y una destacada inversión en infraestructuras, pero con un estancamiento de la pobreza y la fractura política que originó su intento de reelección.

Se va además con una imagen alejada del consenso, lo que sus críticos atribuyen a una visión más empresarial que política y que se ha traducido en una división en el conservador Partido Colorado, donde no había militado hasta que la formación apostó porque disputara la Presidencia.

Sombras y luces de un mandato que comenzó con el signo de la gobernabilidad y que deja un crecimiento en tasas superiores al 4 % entre 2013-2018, a excepción de 2015, cuando se situó en el 3 %, según los datos del Banco Central del Paraguay (BCP).

El presidente del BCP, Carlos Fernández Valdovinos, resaltó este mes las medidas del Gobierno para asegurar el respeto a los objetivos de inflación, fijado en la actualidad el 4 %, o la contención de los déficit fiscales, con una tasa del 1,5 % en 2017.

Diversos economistas echaron en falta un reajuste de la política tributaria en un país con la presión tributaria más baja de la región e insuficiente, según su punto de vista, para garantizar la equidad social y superar un crecimiento que en el nivel actual no impacta en el reducción de la pobreza.

En 2017, y según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el 26,4 % de la población se encontraba en situación de pobreza, lo que supone 1,8 millones de personas.

Cartes trabajó por mitigar la pobreza con programas asistenciales, al tiempo que se centró en atraer la inversión extranjera para la modernización de las atrasadas infraestructuras del país.

Para algunos analistas, esa inversión no alcanzó las cotas deseadas debido a la inseguridad jurídica y a la fragilidad institucional, que se tambaleó con el intento del Partido Colorado para habilitar la reelección presidencial y ubicar a Cartes como candidato a la Presidencia en las elecciones de abril.

Esa iniciativa desembocó en protestas el 31 de marzo del pasado año, con la quema de parte del edificio del Congreso como foto para la historia reciente de Paraguay.

La Policía asaltó además esa noche la sede del Partido Liberal, el mayor de la oposición, dando muerte a un joven militante.

Las protestas, luego desactivadas por Cartes al anunciar que no se presentaría a esas elecciones, se produjeron el día en que su Gobierno exponía la marca país ante la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Entre quienes se oponían a la habilitación de la reelección estaba Mario Abdo Benítez, ya convertido en un opositor a Cartes desde las filas de Colorado Añetete, el sector que preside en el partido.

El enfrentamiento se escenificó en las elecciones internas de diciembre del pasado año, con Cartes respaldando a quien fuera su ministro de Hacienda, Santiago Peña, para buscar derrotar a Abdo Benítez como candidato a la Presidencia en las elecciones de abril pasado.

Cartes dio luego su apoyo en la campaña a esas elecciones generales a Abdo Benítez, el vencedor de las internas.

Pero el divorcio se consumó tras la abortada renuncia de Cartes a la Presidencia para jurar como senador, al ser elegido en abril.

En mayo, varios senadores, algunos de Colorado Añetete, propiciaron la falta de quórum alegando que la Constitución establece que un exmandatario solo puede ser senador vitalicio, sin voto.

Todo un golpe para Cartes, que luego retiró esa renuncia que el Congreso había dejado en el aire.

Desde entonces las aguas siguen revueltas en el Partido Colorado, fragmentado entre el sector de Abdo Benítez y Honor Colorado, el de Cartes.

Además de lograr la unidad partidaria, a Abdo Benítez le aguardan las asignaturas pendientes dejadas por el Gobierno de Cartes, como ese fortalecimiento institucional o la reforma judicial.

También una corrupción política que ha afectado a legisladores de Colorado Añetete y de Honor Colorado.

Si bien fue durante el Gobierno de Cartes cuando se aprobó la ley de transparencia, que facilita el acceso ciudadano a la información pública y que obliga a las instituciones estatales a divulgar todos los datos que no estén legalmente definidos como secretos.

José María Hernández