EFELima

La justicia de Perú abrió hoy el juicio oral contra 34 exmarinos acusados de masacrar a 133 presos del penal El Frontón de 1986, durante un motín ocurrido en el primer gobierno del presidente Alan García (1985-1990), al quien organizaciones defensoras de los derechos humanos responsabilizan de los hechos.

Los exmarinos están acusados de delito de homicidio calificado en la modalidad de asesinato con ferocidad de 133 reos, a raíz del ataque lanzado contra la isla de El Frontón entre los días 18 y 19 de junio de 1986 para sofocar un motín de presos de la banda terrorista Sendero Luminoso.

La Fiscalía ha solicitado entre 25 y 30 años de penas de cárcel para los acusados y el pago como reparación civil de 5,3 millones de soles (1,6 millones de dólares) a favor de los deudos de las víctimas.

Asimismo, ha solicitado la declaración de más de 80 testigos, entre ellos a 35 sobrevivientes de la masacre, así como de siete colaboradores eficaces.

Entre los testigos será llamado el expresidente García y algunos de sus exministros, dado que las órdenes para ejecutar el la represión del motín debieron haber sido emitidas por el Ejecutivo, según comentó el abogado Carlos Rivera, representante de varias familias de las víctimas.

"Estamos convencidos de que una de las razones de que se juzgue 31 años después es porque hay una serie influencias políticas que han buscado entorpecer el desarrollo e incluso el inicio del juicio. Eso es un hecho común en casos de graves violaciones a los Derechos Humanos", declaró Rivera a Efe.

"En este caso además hay algo adicional, y es que vincula a Alan García con las órdenes dadas para asesinar a los presos", afirmó el abogado del Instituto de Defensa Legal.

El Colegiado B de la Sala Penal Nacional, a cargo de los magistrados Edhin Campos, Hans Contreras y Otto Verapinto, declaró hoy el proceso como "complejo" debido al alto número de acusados y víctimas, lo que significa que tendrán entre ocho y doce meses para resolver el caso.

Otro abogado que representa a las víctimas, Hugo Noroña, declaró a la sala que hay dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exigen al Estado peruano sancionar a los responsables por estos hechos.

"Estamos de acuerdo con la presunción de inocencia (de las víctimas), no queremos venganza de nada contra nadie, simplemente que se sepa la verdad", expresó el letrado.

Noroña remarcó que en El Frontón "hubo un genocidio, esa es nuestra posición y lo veremos en el proceso", dado que los deudos buscan que García sea procesado como responsable político de este caso.

Rivera explicó que "los autores mediatos (intelectuales) no están comprendidos y sobre ellos se tendrá que tomar una decisión durante el juicio o después del juicio".

El proceso buscará verificar, después de 31 años, la responsabilidad de los acusados en masacrar a los prisioneros una vez que el motín fue reprimido y los militantes de Sendero Luminoso ya se habían rendido.

En octubre pasado, la fiscalía presentó formalmente la acusación contra 35 marinos por estos hechos, para los que pidió entre 30 y 25 años de cárcel, y en abril de este año el Poder Judicial reconoció que existe mérito legal para abrir el juicio oral.

Sin embargo, uno de ellos reconoció ante los fiscales la existencia de órdenes de masacrar a los amotinados y fue retirado de la causa.

Este proceso responde a una petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que exigió a Perú aclarar los hechos de ese motín tras revisar el caso de dos de los internos muertos en esa fecha.