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El Cono Sur asumió una firme postura y decidió hacer foco durante 2016 y 2017 en legislar contra el feminicidio, un crimen que afecta a multitud de mujeres que son víctimas de violencia machista en la región.

Si bien no es nueva la preocupación por este tipo de asesinatos, en el último año los esfuerzos por legislar en torno a este tema han sido mayores debido a las preocupantes cifras de muertes. Dentro del Cono Sur, Argentina fue la primera en realizar una ley de protección integral contra la violencia a las mujeres en 2009, bajo el gobierno de Cristina Fernández (2007-2015).

Sin embargo, no fue hasta 2012 cuando se aprobó una ley que incorporó a la figura del homicidio el agravante de asesinato cometido por un hombre hacia una mujer en un contexto de violencia de género.

Y fue recién en 2016 cuando, bajo el mandato de Mauricio Macri, se impulsó el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que permitirá llevar a la práctica la ley aprobada en 2009 con medidas orientadas a la asistencia, la prevención y la educación.

A su vez, a principios de 2017, el Gobierno argentino creó una mesa de trabajo para desarrollar políticas públicas de prevención e investigación de feminicidios, que según datos de organizaciones sociales del país, terminaron con la vida de alrededor de 270 mujeres en 2016.

En el caso de Chile, el país promulgó en 2010 una ley que define al feminicidio como el asesinato de una mujer realizado por quien es o ha sido su esposo o conviviente.

Desde entonces, el Gobierno de Michelle Bachelet se ha planteado el objetivo de ampliar la ley sobre violencia intrafamiliar con el fin de que abarque todas las formas de violencia contra las mujeres, en todos los espacios.

En noviembre del año pasado, Bachelet firmó el proyecto de ley "sobre el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia" que contempla, entre otras medidas, la tipificación del feminicidio.

Este nuevo proyecto amplía la consideración del delito de feminicidio cuando se produzca en el seno de parejas que no están casadas o que no convivan.

"Debemos terminar con los hombres maltratadores, que tanto dolor causan a las mujeres (...). No queremos que sea natural tratar a las mujeres como ciudadanos de segunda categoría", dijo en esa ocasión Bachelet, quien hizo coincidir el envío de esta iniciativa legislativa al Parlamento con el Día Contra la Violencia hacia las Mujeres.

En cuanto a Uruguay, su presidente, Tabaré Vázquez, envío en diciembre de 2015 un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal del país suramericano para incorporar el feminicidio como "agravante muy especial del homicidio".

Bajo esta normativa se elevarían las penas de los casos considerados como feminicidios, que se definen en el proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo como aquellos en los que "se causare la muerte a una mujer, mediando motivos de odio o menosprecio".

Sin embargo, luego de más de un año de estar en el Senado uruguayo, aún no se ha aprobado la ley debido al debate existente sobre si considerar el feminicidio como agravante de homicidio o como delito independiente.

Uruguay es uno de los países de la región con mayor número de feminicidios respecto a su población, de 3,4 millones de habitantes, ya que fueron asesinadas 22 mujeres en 2016 y en lo que va de 2017 ya hubo cinco víctimas.

Actualmente y por esta situación, las principales fuerzas políticas de Uruguay coincidieron esta semana en trabajar por la aprobación del nuevo proyecto de ley antes de mitad de año, ya que en el país la reglamentación contra la violencia doméstica data de 2002.

En tanto, en Paraguay se produce una muerte por feminicidio cada nueve días, según cifras ofrecidas por la ministra de la Mujer, Ana Bajardi.

En este sentido, el país promulgó a finales de diciembre la ley de protección integral contra la violencia machista, que introduce el delito de feminicidio en su país, siendo el único país de América Latina que hasta el momento no lo tenía estipulado en su código penal.