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Perú registró 196 conflictos sociales en agosto, dos menos que en julio, de los que 134 permanecen activos y 62 latentes, según informó la Defensoría del Pueblo en su reporte publicado hoy.

El 64 % de los conflictos son de carácter ambiental (126) mientras que el 10 % son por problemas relacionados con gobiernos locales (20) y el 9,2 % por asuntos del Gobierno nacional (18).

La región con más conflictos sociales es Áncash, con 29 casos, seguida de Puno, departamento fronterizo con Bolivia, con 17 casos; y de la también sureña Cusco, con 16 casos.

En agosto surgieron tres nuevos conflictos, dos de ellos de carácter ambiental, en las regiones de Ucayali, La Libertad y Áncash.

En la provincia de Atalaya (Ucayali), en la Amazonía peruana, más de 50 comunidades indígenas exigen al Gobierno obtener los títulos de propiedad de sus territorios frente a las concesiones forestales que se superponen con sus bosques, así como indemnizaciones por las naves de empresas de hidrocarburos que transitan por sus ríos.

En la norteña región de La Libertad, vecinos del caserío La Ramada demandan a la minera Tahoe una indemnización por las vibraciones y el polvo generados por las voladuras que se realizan en la mina La Arena.

Asimismo, en Áncash, habitantes del caserío de Huanchuy se oponen a la instalación y funcionamiento de la planta procesadora de la empresa Inversiones Mineras de Los Andes y demandan el cumplimiento de la deuda que tiene la compañía con la comunidad por derecho de servidumbre.

El reporte, elaborado a través del Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (Simco) de la Defensoría, registró tres personas heridas en conflictos sociales en la región de norteña Lambayeque.

El documento reflejó que en agosto acontecieron 142 acciones colectivas de protesta, mientras que 80 conflictos pasaron a procesos de diálogo.