Los países de la región aprobaron una declaración conjunta en la que hacen un llamamiento a la concertación política para alcanzar acuerdos y apuestan por aportar soluciones innovadoras que impidan desigualdades.

Pallarés ha detallado la apuesta del Gobierno andorrano por un proyecto centrado en tres ejes: simplificar, digitalizar y capacitar.

Grynspan ha hecho hincapié en la necesidad de contar con instituciones estatales con capacidad para gestionar situaciones complejas como la pandemia del Covid-19.

La XIX Conferencia iberoamericana de ministras y ministros de la Administración Pública y Reforma del Estado, copresidida por Andorra y Portugal y que se ha celebrado este jueves de forma telemática y organizada por Andorra, se ha cerrado con la aprobación, por parte de los 22 países de la región, de una declaración conjunta que apuesta por el gobierno abierto y se trasladará a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar el próximo 22 de abril en el Principado.

La declaración hace además una llamada a la concertación política para alcanzar soluciones innovadoras para evitar las desigualdades, como la identidad jurídica que permita a los ciudadanos el acceso a la base de datos del Estado y que les garantice el uso de los servicios sociales, son los ejes básicos de esta declaración.

En la reunión también se aprobó la Carta Iberoamericana de Innovación Pública que se fundamenta en los actuales retos de la administración pública, la recuperación de la confianza de los ciudadanos en la gestión, el fortalecimiento del Estado y de sus instituciones ante el aumento del gasto público, y la innovación por la llegada de la cuarta revolución tecnológica con la inteligencia artificial.

La declaración conjunta aprobada hoy, que incluye hasta 26 puntos, también insta a fortalecer la legitimidad del contrato social de los estados ante el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil; promover valores y principios de ética e integridad pública; incorporar la perspectiva de género en las administraciones de forma transversal; crear entornos laborales que promuevan la conciliación entre vida personal, familiar y profesional; promover una auténtica participación e implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en la gestión de los asuntos públicos; garantizar la privacidad y la protección de datos a través de marcos legales que se ajusten a los desafíos de la evolución tecnológica, y alentar a las administraciones públicas de los países a dotarse de una legislación completa sobre el teletrabajo.

La ministra de Función Pública y Simplificación de la Administración del Gobierno de Andorra, Judith Pallarés, que ha presidido la reunión, ha explicado la apuesta del ejecutivo andorrano: “Planteamos un proyecto centrado en tres ejes: simplificar para automatizar muchos de los trámites y las tareas que se realizan en la administración; digitalizar, hecho que representa invertir en tecnología, y capacitar a los trabajadores para hacer frente a los cambios en el menor tiempo posible”.

Por su parte, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha afirmado que “con la crisis del Covid-19 se han revalorizado los servicios públicos; nunca tanto como en estos momentos se ha puesto de manifiesto la importancia de los sistemas de salud pública y la necesidad de contar con instituciones estatales abiertas e innovadoras, que tengan la capacidad de gestionar situaciones complejas como esta, pero también se ha evidenciado que sin ciudadanos con una conducta responsable no hay salida, y la importancia de la responsabilidad de las empresas con la sociedad, los consumidores y los trabajadores”.

Cabe recordar que el lema escogido por la Secretaría Pro Tempore andorrana para la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno es ‘Innovación para el desarrollo sostenible – Objetivo 2030. Iberoamérica ante el reto del coronavirus’. Es precisamente en el terreno de las administraciones públicas donde la crisis sanitaria por el Covid-19 ha puesto de manifiesto el potencial del desarrollo tecnológico para hacer frente a los retos actuales y también el coste que supone no innovar.

La última Conferencia Iberoamericana de ministras y ministros de la Administración Pública y Reforma del Estado tuvo lugar en 2018 en La Antigua, Guatemala, y fue la consecuencia de dieciocho reuniones ministeriales, de varios compromisos y acuerdos entre los países iberoamericanos. Los contenidos de la reunión giraron, básicamente, entorno al reto de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Guatemala de orientar la labor de todos los actores sectoriales hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Concretamente, se reforzó la idea de los desafíos a los que se enfrenta la administración pública a todos los niveles para implementar de forma eficaz la Agenda 2030. En este sentido se aprobó la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública y su impacto en la implementación de los ODS, promovida por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).

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