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La Ley Audiovisual ha sido aprobada este jueves en el Congreso por 130 votos a favor, 83 en contra y 131 abstenciones, las anunciadas del PP y las inesperadas de Unidas Podemos -socios del PSOE en el Gobierno-, que por primera vez que se desmarca de una ley del Ejecutivo.

El texto sale adelante con una definición de productor independiente que, según los profesionales del sector, es una "condena a muerte".

Ya se sabía que la ley saldría adelante una vez que se había conocido la abstención del PP; confirmados los apoyos de PNV, Coalición Canaria, Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe, aunque no ha sido hasta el último momento cuando Unidas Podemos ha decidido abstenerse.

La diputada de Unidas Podemos Sofía Fernández ha asegurado en el debate que apoyaban la defensa de ley en el pleno por "fidelidad", pero al final se han abstenido al encontrarle "muchas carencias en materia laboral", además de echar en falta un gesto hacia las mujeres.

Además, se ha rechazado la enmienda transaccional que han propuesto Unidas Podemos, Bildu y ERC para revertir la modificación técnica incluida a propuesta de los socialistas que permite a las televisiones o a cualquier otro operador producir contenidos, dentro de la cuota obligatoria reservada hasta ahora a la producción independiente.

Con un cambio de palabra aparentemente inocuo ("dicho" por "un"), los productores se habrían dado por satisfechos al mantener en sus actuales términos la obligación legal que tienen las televisiones de invertir un 5 % de sus ingresos en la producción independiente.

Según los productores de cine y televisión independientes, esta norma les condena a la ruina, al equipararles con empresas vinculadas a las grandes corporaciones, y llevan toda la semana haciendo una campaña en la que incluso han pedido amparo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, la ley supone obligar a las televisiones y grandes plataformas destinar el 3,5 % de sus ingresos en España a producciones nacionales y de ellas el 15 % a catalán, gallego y euskera.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha destacado que la ley "supone un impulso muy importante para el sector audiovisual" y ha insistido en que protegerá a los productores independientes.

"Es muy difícil lograr el adecuado equilibrio. Creo que lo hemos conseguido, para impulsar la industria audiovisual y proteger a los productores independientes, cuyo apoyo va a multiplicarse por cuatro o cinco veces con lo que teníamos anteriormente", ha apuntado Calviño sobre el proyecto de ley que ha sido impulsado por su ministerio.

Juan Luis Pedreño (del Grupo Popular), cuyo grupo facilitó la aprobación de la ley absteniéndose, ha afirmado, no obstante, que la ley era "un despropósito".

"Con lo fácil que era, solo tenían que transponer la ley europea, como han hecho otros países", ha reprochado el diputado, que también ha considerado que será una ley "de muy difícil cumplimiento por las concesiones a los independentistas".

Fuentes del PP han asegurado a Efe que "no es la ley que nosotros queremos, pero hay que cumplir con Europa, porque se trata de la transposición de una directiva que debería haberse realizado antes de septiembre de 2020, de hecho nos han apercibido por no haberlo hecho ya, por eso la abstención".

Tanto Néstor Rego (BNG), como Joan Baldoví (BNV), han rechazado el texto al entender que no garantiza la libertad de las lenguas, y va "claramente contra los productores independientes, mientras las grandes plataformas camparán a sus anchas".

En el mismo sentido se manifestaron la diputada de JxCat Pilar Calvo, que también adelantó su negativa durante el debate, y el representante de ERC, Joan Margall, que también acusó al Gobierno de "dinamitar" el acuerdo que habían alcanzado sobre la Ley. "Cuando ustedes son exigentes, nosotros estamos ahí, pero en este cambio de última hora no pretendan encontrarnos".

Los diputados del Grupo Mixto Sergio Sayas y Albert Botrán también adelantaron su voto negativo a la Ley Audiovisual, igual que Mertxe Aizpurúa (GEH Bildu), quien considera que en el texto "se pliega a las grandes televisiones y plataformas" y da beneficios a los operadores extranjeros por encima de a los nacionales.

Por el contrario, Joseba Andoni Agirretxea, por el PNV, ha defendido su apoyo al considerar que las enmiendas consiguen "salvar los muebles" y abren una "posibilidad de mejora" posterior, por ejemplo, en cuanto al tratamiento a los productores independientes, "que no nos gusta, y creemos que hay que corregir y modificar".

Ciudadanos y Vox también han votado en contra.