EFEPekín

Detenciones arbitrarias, torturas bajo arresto e intimidación son la norma de las fuerzas de seguridad chinas contra los abogados defensores de casos de derechos humanos, víctimas de la redada '709' (conocida así por haberse producido el noveno día del séptimo mes), de la que hoy se cumplen cinco años.

El 9 de julio de 2015, al menos 321 letrados, personal de bufetes, activistas y familiares fueron arrestados, según cifras de una organización defensora de este colectivo con sede en Hong Kong que solicita el anonimato por miedo a represalias derivadas de la recientemente aprobada ley de seguridad para la ciudad semiautónoma.

La primera de las detenidas aquel 9 de julio fue Wang Yu, una combativa abogada que había defendido a cristianos perseguidos, a disidentes o a miembros de Falun Gong, un grupo espiritual prohibido en China desde 1999.

"En China tenemos un dicho: mata al pollo para asustar a los monos", relata a Efe Wang, quien cree que su prominencia en el gremio la convirtió en el ave del refrán.

Durante los 13 meses que pasó privada de libertad se sucedieron las torturas físicas y psicológicas, las amenazas a su familia.

"Antes del 709, había esperanzas, aunque China no fuera una sociedad gobernada acorde a la ley. Pero después del 709 vamos marcha atrás", lamenta.

Las prácticas aplicadas desde ese momento, como la detención arbitraria, "se han convertido en un modelo de operación", dice Wang. "Normalmente, la policía necesita un proceso para arrestar a la gente, pero ahora no aportan documentos ni se llevan a cabo procesos legales. Directamente, te hacen desaparecer. Nos ha pasado a muchos".

MENOR INDEPENDENCIA

Desde su liberación, en agosto de 2016, Wang Yu no solo vive bajo vigilancia y acoso, sino que también ha podido asistir al deterioro del marco legal en el que operan los abogados.

Entre 2007 y 2018, Pekín ha modificado la Ley de Abogados, las Medidas Administrativas para el Ejercicio de la Ley por parte de los Abogados y las Medidas Administrativas para Bufetes de Abogados.

Un claro ejemplo de la limitación de la independencia de los letrados se encuentra en el Artículo 3 de esa última.

En su redacción original (2008) rezaba: "Un bufete debe ejercer según la ley, intensificar su gestión interna y supervisión sobre la práctica de los abogados y asumir las responsabilidades legales correspondientes. Ninguna organización ni individuo deberá interferir ilegalmente con la práctica de o alterar los legítimos derechos e intereses de ningún bufete".

Sin embargo, tras su última modificación, en 2018, el primer párrafo dice así: "Los bufetes deben adherirse a la guía del pensamiento de (el presidente chino) Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era, defender y fortalecer el liderazgo general del Partido (Comunista Chino, PCCh), mantener firmemente la autoridad y el liderazgo centralizado del Comité Central del PCCh con el camarada Xi Jinping como núcleo, y apoyar a China".

Este tipo de modificaciones, denuncian varias ONG, supone una violación de los Principios Básicos de la Labor de los Abogados o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros textos internacionales suscritos por China.

Pero a pesar de este declive legal evidente, Wang Yu, si bien con problemas para seguir ejerciendo, puede contarlo. No así su compañero de profesión Yu Wensheng.

LOS QUE NO ESTÁN

Xu Yan, la mujer de Yu Wensheng, ha aprendido a medir la evolución del caso de su marido dependiendo de la intensidad de la vigilancia a la que la someta la policía.

A Yu Wensheng se lo llevaron los agentes cuando acompañaba a su hijo al colegio el 19 de enero de 2018. Xu no ha vuelto a verle, salvo por una videollamada de cinco minutos realizada tres meses después de aquello.

"Le vi muy delgado y desaliñado", cuenta Xu a Efe en una cafetería pequinesa. Después de aquello, silencio. El secretismo con el caso de Yu ha sido máximo incluso para los estándares chinos.

El 9 de mayo de 2019, por ejemplo, Xu notó que había más presencia policial de la habitual. Confirmó sus sospechas a lo largo del día: "Alguien que no se identificó tocó a mi puerta y me dijo que había empezado el proceso".

La sentencia de Yu se la comunicaron por teléfono a su esposa el pasado 17 junio, tras un juicio secreto en el que no pudo defenderle el abogado escogido por ella y que le suponen 22 meses más de cárcel.

Ahora, serena pero evidentemente necesitada de ayuda, Xu pide apoyo de la comunidad internacional: un premio de Derechos Humanos para su marido le daría visibilidad al caso, presionaría al Gobierno, dice.

O al menos, apretar a las autoridades chinas para que encarcelen a Yu en Pekín, donde reside, porque ya le han advertido de que se lo piensan llevar lejos, dificultando así las visitas y minando aún más sus ya de por sí resentidas finanzas.

Yu Wensheng -que pidió modificar la Constitución y se querelló contra el Gobierno de Pekín por la contaminación en la ciudad- no fue víctima directa del fatídico 9 de julio de 2015 o de los días siguientes, pero sí lo fue de manera indirecta, pues defendió a compañeros que cayeron entonces, como Wang Quanzhang.

LOS QUE PUDIERON VOLVER

Wang Quanzhang volvió a su casa, a Pekín, el pasado 27 de abril. Concluyeron así los casi cinco años que pasó separado de su familia desde su arresto, el 10 de julio de 2015.

En ese tiempo, seis lugares de detención distintos, un juicio por "incitación a la subversión contra el poder estatal" (recurrente contra activistas y disidentes chinos), una sentencia a cuatro años y medio de cárcel y un periodo de reclusión del que prefiere no hablar por si le acarrea problemas.

Al igual que sus compañeros Wang Yu y Yu Wensheng, Wang Quanzhang afirma que él se rigió escrupulosamente por la ley china.

Ahora, ha anunciado que ha llevado ante los tribunales chinos su sentencia, su trato en reclusión y su proceso, que -insiste- violan las leyes de la República Popular.

No obstante, el futuro es incierto, pues le han retirado la licencia para ejercer, una triquiñuela habitual de las autoridades para entorpecer la labor de este colectivo.

Mientras tanto, la familia cuenta a Efe que, desde el regreso de Wang a casa, las fuerzas de seguridad solo les han molestado en un par de ocasiones.

Peor suerte corrió el abogado Jiang Tianyong.

LOS QUE REGRESARON A MEDIAS

Jiang Tianyong salió de la cárcel el 28 de febrero de 2019 después de dos años y medio encerrado, pero sigue sin ser libre.

Primero, las fuerzas de seguridad chinas le condujeron a un lugar ajeno y aislado, pero se declaró en huelga de hambre y su protesta surtió efecto: le trasladaron a la casa de sus padres en la provincia centro-oriental de Henan.

Allí permanece bajo constante vigilancia. La policía controla los accesos a la casa o le sigue por la calle cada vez que pasea a su perro. No tiene libertad de movimiento.

Privado también de derechos políticos -y por ende, de pasaporte- hasta finales de 2020, no puede visitar a su mujer ni a su hija, que residen en Estados Unidos y a las que no ha visto desde 2013.

Tampoco se le permite acudir a visitar a su médico de confianza, ni a ninguno de su elección, a pesar de sufrir varios problemas fruto de las torturas a las que fue sometido durante la reclusión.

Al poco de salir de la cárcel, Jiang resumió a Efe el panorama de estos abogados: "Desde 2013 (año del ascenso al poder de Xi Jinping), la situación ha empeorado. Antes, a veces desaparecíamos y nos pegaban. Pero no nos encarcelaban".

Javier Triana