La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ve factible que el déficit público se sitúe este año en el 2 % del PIB, de forma que se cumplirían las previsiones del Gobierno remitidas a Bruselas, aunque prevé una mejora del estatal y un peor comportamiento del autonómico.

La AIReF ha presentado este jueves un informe de cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto de 2019, donde considera que el conjunto de las administraciones públicas lograrán cerrar el ejercicio con un déficit del 2 % del PIB, aunque con una composición diferente a la que prevé el Gobierno.

Las previsiones de la AIReF contemplan que el Estado terminará el año con un déficit del 0,6 % (frente al del 1 % notificado por el Gobierno a Bruselas); la Seguridad Social, del 1,3 % (frente al 1,4 % del Gobierno).

La autoridad prevé que las comunidades autónomas cierren el ejercicio con un déficit del 0,5 % (frente al 0,1 % previsto por el Gobierno), en tanto que ve un superávit 0,4 % para las corporaciones locales, que el Gobierno sitúa en equilibrio presupuestario.

Estas previsiones de la AIReF son en ausencia de cambios en el Sistema de Información Inmediata (SII) del IVA, ya que aún no está claro que vaya a aplicarse -lo que modificaría su previsión de cumplimiento-, por lo que pide al Gobierno que deje claras las reglas del juego para que las comunidades autónomas sepan con qué ingresos cuentan.

El SII, puesto en marcha por el Gobierno en 2017, es un cambio en la liquidación del IVA que permitirá al Estado contar este año con una recaudación por este impuesto equivalente a trece meses en lugar de doce, en tanto que las comunidades autónomas recibirían sólo once.

La AIReF prácticamente ha mantenido su anterior previsión de déficit público (2,1 %), si bien ha modificado la distribución por subsectores, empeorando el superávit de las corporaciones locales y el déficit de las comunidades autónomas, mientras que mejora el estatal y el de la Seguridad Social.

También mejora su previsión de ingresos y mantiene la de gastos respecto a el informe de los presupuestos iniciales, con mayor recaudación vía IRPF y cotizaciones sociales, derivada de las mejoras salariales, en tanto que rebaja la prevista a través de otros impuestos.

Entre ellos, destaca el IVA, el de sociedades, de tabaco e hidrocarburos o el de la renta de los no residentes.

Además ve un descenso en los gastos derivados del pago de intereses, subvenciones (del déficit tarifario) y otras transferencias corrientes.

Ello sería casi compensado por el aumento de los gastos en personal de las administraciones territoriales, los de concierto y funcionamiento de las comunidades autónomas (por las elecciones), de las inversiones de las corporaciones locales y del incremento del número de pensiones.

Respecto a la regla de gasto del 2,7 %, la AIReF sólo prevé el cumplimiento de la Administración central, en tanto que no lo harán ni ayuntamientos ni comunidades autónomas, en las que se observa el riesgo más elevado.

El nivel de deuda a finales de 2019 se situaría en el 96,1 % del PIB, tres décimas por encima de las previsiones contenidas en la actualización del plan de estabilidad (95,8 %).

La AIReF ha apreciado un empeoramiento generalizado de la probabilidad de cumplimiento del objetivo de estabilidad y de la regla de gasto en varias comunidades autónomas, lo que le ha llevado a instar al Ministerio de Hacienda a que tutele y adopte las medidas preventivas previstas en la ley de Estabilidad Presupuestaria sobre Madrid, Canarias y Navarra.

Los motivos son el elevado crecimiento de sus gastos, que oscila entre el 5 y el 8 por ciento, una vez descontadas las operaciones no recurrentes y la distorsión de los fondos de la UE.

También prevé una desviación en el objetivo de déficit y crecimiento del gasto en Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares, si bien estas regiones aún tienen pendientes las medidas preventivas planteadas en 2018.

Respecto a los ayuntamientos, pide la aplicación de medidas preventivas sobre Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid y el Cabildo de Tenerife, por incrementos de gastos previstos superiores al 10 %; así como para Almonte, Jaén, Jerez de la Frontera, y las localidades madrileñas de Parla y Navalcarnero, al prever un déficit recurrente en todos ellos.