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La Comisión Europea (CE) presentará mañana sus nuevas previsiones macroeconómicas para la Unión Europea y cada país miembro, que por primera vez tendrán en cuenta el impacto de la invasión rusa de Ucrania y serán la base para decidir si es necesario mantener congeladas un año más las normas fiscales.

Sus últimas proyecciones, publicadas días antes del inicio del conflicto el 24 de febrero, preveían un crecimiento económico del 4 % tanto en la UE como en la eurozona para este año, pero el Ejecutivo comunitario ya ha advertido de que la guerra frenará el avance del PIB, aunque no debería hacer descarrilar la recuperación pospandemia.

"El crecimiento del 4 % que proyectamos para la eurozona este año está fuera de alcance", decía el mes pasado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, anticipando una ralentización que otras instituciones ya han plasmado en sus previsiones.

El Banco Central Europeo (BCE) revisó a la baja su proyección de crecimiento para la eurozona al 3,7 % para 2022 y al 2,8 % para 2023 y el Fondo Monetario Internacional (FMI), al 2,8 % y al 2,2 %, respectivamente.

La crisis en Ucrania, prevén, agravará los problemas de suministros que se arrastran desde la pandemia y elevará aún más los precios de la energía que están impulsando la tasa de inflación a niveles récord en los últimos meses, del 7,5 % en abril en la eurozona. Ya en febrero Bruselas elevó su proyección de inflación hasta el 3,5 % de media para este año, aunque esperaba que se modere al 1,7 % el próximo.

En el caso de España, la Comisión Europea anticipó en febrero que el PIB crecería un 5,6 % en 2022 y un 4,4 % en 2023, por encima de la media europea, pero desde entonces la guerra ha llevado al propio Gobierno a recortar sus perspectivas de crecimiento, hasta el 4,3 % y 3,5 %, respectivamente.

Las previsiones macroeconómicas de primavera que el Ejecutivo comunitario publicará mañana actualizarán además las cifras de déficit, deuda y paro, que se revisaron por última vez en noviembre pasado, y servirán de punto de partida para que Bruselas decida si prolonga un año más la suspensión de las normas de control presupuestario.

Tras haber congelado en 2020 debido a la pandemia estas reglas -que fijan el tope de deuda pública en el 60 % del PIB y el de déficit en el 3 %-, el objetivo era que, con la recuperación ya en marcha, volviesen a aplicarse a partir de 2023 para encauzar unos niveles de deuda y déficit desbocados por la respuesta al covid.

Pero la guerra ha obligado a Bruselas a plantearse dejarlas en suspenso y dar así margen de maniobra a los países para responder con medidas presupuestarias a las consecuencias del conflicto, ya sea para reducir su dependencia del gas ruso, aumentar el gasto en defensa o acoger a refugiados.

Estas proyecciones son además la antesala de las recomendaciones de política presupuestaria que la Comisión Europea hace cada año a finales de mayo a los Estados miembros y que, con las reglas fiscales aún suspendidas, no fijarán metas concretas de déficit y deuda a los Gobiernos como ocurriría en condiciones normales.

En los últimos dos años, estas directrices se han centrado en pedirles hacer lo necesario frente a la pandemia y usar para ello los fondos de recuperación, pero, a raíz de la guerra, Bruselas prevé incluir este año recomendaciones sobre cómo hacer frente, en particular, al reto energético.

"La situación geopolítica podría llevar a algunos países a presentar planes (de recuperación) revisados que incluyan medidas nuevas o revisadas para hacer frente a los retos agravados por la agresión rusa. Las recomendaciones por país de 2022 serán la guía para cualquier nueva reforma o inversión", explicó a principios de mes el vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovskis.