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La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha fijado las prioridades de su departamento, entre las que están luchar contra los falsos autónomos, con cambios legislativos y reforzando la Inspección, así como seguir avanzando en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

"La precariedad y el desempleo son los mayores problemas de la sociedad española", ha dicho Díaz en su primera intervención como ministra en la Comisión de Trabajo, Seguridad Social e Inclusión del Congreso.

"Este modelo laboral dominado por la precariedad y la rotación laboral extrema es inaceptable", ha señalado, antes de recordar las "duras" cifras del mercado español y sus principales problemas, e insistir en la necesidad de derogar la reforma de 2012 con diálogo y "técnicamente bien".

"Sería una frívola si dijese que de un golpe derogo. Técnicamente es mentir decir que tengo una norma que derogo y derogo hasta el infinito", ha aseverado, tras afirmar que lo que hará será "revisar y legislar".

En este sentido, y en uno de los temas que se están viendo actualmente en el marco del diálogo social, se ha referido a la necesidad de volver a darle voz a la negociación colectiva para que sea la que decida la prevalencia de cada convenio.

Y entre otras medidas previstas por Trabajo, ha avanzado que la siguiente será abordar la situación de los falsos autónomos, con cambios legislativos, a la vez que reforzará la Inspección de Trabajo y se actualizarán las sanciones para luchar contra este y otros fraudes.

"Un joven en bicicleta con un móvil no es un trabajador autónomo", ha declarado Díaz, que ha reiterado el compromiso del Gobierno para proteger los derechos de las personas "que siendo en realidad trabajadoras por cuenta ajena se ven abocadas a operar como autónomas frente a su voluntad".

Desde Trabajo explican que esta situación se abordará con cambios legislativos, "delimitando el espacio" entre el trabajo por cuenta propia y el trabajo por cuenta ajena en base a los presupuestos recogidos en los artículos 1 y 8 del Estatuto de los Trabajadores.

También han explicado que servirá de base la jurisprudencia, en alusión a las sentencias sobre el tema, y que se hará de forma dialogada con las asociaciones de autónomos y con "rapidez", aunque evitan concretar fecha.

Junto a esto, se reforzarán los efectivos de la Inspección de Trabajo, se usará el "big data" para mejorar el sistema de control y sancionador de lucha contra el fraude, y se actualizarán las cuantías de las sanciones de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, congeladas desde 2006 con arreglo al IPC acumulado.

Díaz, que ha agradecido el "buen hacer" de la exministra de Trabajo Magdalena Valerio, presente en la comisión, ha anunciado también que el Gobierno seguirá avanzando en la subida del salario mínimo más allá de los 950 euros fijados para este año.

Una comisión de expertos evaluará el impacto social y económico de las subidas del SMI y fijará la cifra a la que se debe llegar en 2023, para que sea acorde al 60 % del salario medio, tal como recomienda la Carta Social Europa.

"Los salarios mínimos protegen...Frente a los agoreros que indicaban que la subida del SMI destruiría empleo, resulta que la verdad de los hechos muestra que crea más empleo", ha puntualizado tras señalar que los salarios no pueden reducirse a un coste para las empresas.

Díaz también se ha comprometido a revisar los incentivos a la contratación para evitar ineficiencias y redundancias e intensificar requisitos adicionales.

Su intención es primar los contratos indefinidos y que este año se ponga en marcha la Ley de trabajo corresponsable, que incluye la reforma del régimen de trabajo a tiempo parcial.

La ministra ha anunciado además que este año estará listo un sistema unificado de subsidio de desempleo que ampliará el sistema de protección y aumentará la cobertura, al tiempo que ha dicho que se subirá el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y mejorará la estructura de personal del Fogasa.