EFEQuito

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció este lunes un acuerdo con tenedores de bonos que permitirá reducir la deuda del país en 1.500 millones de dólares en momentos en que la economía nacional se ve afectada por la emergencia de la COVID-19.

El mandatario aseguró a través de su cuenta oficial en Twitter que "actuar con decencia trae grandes resultados. Logramos un acuerdo con el grupo más importante de tenedores de bonos".

La renegociación de deuda externa -en lugar de una suspensión unilateral de pago, como exigían algunos sectores de izquierdas y sindicatos-, ha estado destinada a poder seguir recibiendo ayuda de los organismos multilaterales, según ha justificado el Gobierno ecuatoriano.

EL ACUERDO ES UN PASO POSITIVO

El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, consideró el acuerdo un "primer paso positivo" y confió en que sea "respaldado por los demás tenedores de deuda".

"Hemos llegado a un acuerdo con el grupo más grande de acreedores internacionales de bonos de deuda externa", anunció en una comparecencia virtual.

En ella se mostró optimista y avanzó que se prevé en las próximas semanas el envío de la solicitud de consentimiento del acuerdo y que la votación inicial entre los bonistas parte desde una posición favorable, siendo la fecha tope el 15 de agosto.

"Hemos logrado que los acreedores nos esperen hasta recuperarnos", resaltó sobre el entendimiento aún por formalizarse.

Especificó que la deuda total del país asciende a 58.418 millones de dólares y que la negociada por el Gobierno comprende 17.375 millones de dólares.

Conforme al acuerdo con el grupo más grande de tenedores, el capital existente de la deuda se reducirá a 15.835 millones de dólares, lo que supone un recorte de 1.540 millones de dólares.

El marco del acuerdo prevé un alivio en el pago de la deuda externa para el país en forma de bonos por valor de 16.452 millones de dólares en la próxima década, mientras que este año no se cancelará nada más de lo ya desembolsado, lo que se traduce en un ahorro de 1.361 millones de dólares, matizó el ministro.

Según el esquema negociado, el próximo año se pagarán 79 millones de dólares, un ahorro de 1.514 millones de dólares, y el acuerdo beneficiará a futuros Gobiernos del país, que se verán exentos de desembolsar 9.166 millones de dólares el que asuma en 2021, y 5.739 millones de dólares el siguiente.

Conforme a un cuadro estadístico presentado por Finanzas, hasta 2030 Ecuador no pagará más de 2.000 millones de dólares cada año a sus acreedores, y a partir de esa fecha una cantidad anual no superior en promedio a los 2.500 millones de dólares, salvo en 2031 que será de 2.524 millones de dólares.

Por otro lado, se duplicará el plazo de la deuda existente y la madurez de los bonos pasará de 6,1 años en promedio a 12,7 años, siendo el que tiene un vencimiento más a largo plazo en 2040.

La tasa de interés de los bonos bajará del 9,2 % de media a 5,3 %, lo que implica una reducción del 40 %.

"Se ha logrado un período de gracia, tanto para capital como los intereses. Durante cinco años no se pagará capital y habrá dos años de gracia en interés", recalcó Martínez sobre un plazo de cancelación de deuda fijado a partir de 2026 y hasta 2030.

EL FMI APLAUDE EL ACUERDO

El Fondo Monetario Internacional celebró este lunes el "fundamental" acuerdo de Ecuador con los tenedores de bonos, y su portavoz, Gerry Rice, afirmó que "si bien estas negociaciones son un asunto entre Ecuador y sus acreedores, esperamos que todas las partes involucradas continúen trabajando para finalizar un acuerdo, que, junto con otros esfuerzos, es fundamental para ayudar a poner la deuda pública en un camino sostenible".

Ecuador acudió a organismos internacionales que en 2019 le concedieron una línea de crédito de unos 10.200 millones de dólares, además de otros préstamos para hacer frente a la pandemia y la necesidad de reactivación económica.

La crisis del coronavirus y la paralización económica que supuso han puesto en serios aprietos al Gobierno, que requiere de más fondos para hacer frente a gastos públicos, sanitarios y sociales.