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El Congreso ha aprobado este jueves el dictamen de la comisión de Justicia sobre la reforma de la ley concursal -que verá el Senado los próximos días 19 y 20 de julio-, coincidiendo con el fin de la moratoria vigente desde 2020 para paliar los efectos del parón de la actividad provocado por la COVID.

El texto, aprobado en Consejo de Ministros el pasado diciembre, incide en tres aspectos básicos: la reestructuración temprana de empresas viables, la posibilidad de exoneración de deudas para los deudores de buena fe -que se ha ampliado también a los consumidores- y la necesidad de elevar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración de insolvencia.

Asimismo, la cámara baja ha aprobado el proyecto de ley de reforma de los juzgados de lo mercantil, entre cuyas novedades destaca que los asuntos sobre protección de los consumidores y ciertas reclamaciones en materia de transportes pasen de estos órganos judiciales a los de primera instancia.

Tras su paso por el Senado, la norma entrará en vigor a mediados de agosto, una vez transcurridos al menos 20 días desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Entre las principales novedades de la ley concursal destaca la enmienda pactada entre Unidas Podemos y el PSOE para que los trabajadores interesados en la sucesión de una empresa en concurso de acreedores puedan presentar una propuesta de adquisición mediante una sociedad cooperativa, laboral o participada.

Esto permitirá que los trabajadores que no podían acudir al rescate de la sociedad por falta de capital no tengan que esperar a que esté liquidada para capitalizar el desempleo, y les otorga prioridad frente a terceros, cuando la oferta sea igual o superior a la de las demás alternativas.

Uno de los puntos clave es el protagonismo que se da a los sistemas de alerta temprana, para lo que se han fijado unos indicadores que avisen a las empresas antes de tener problemas financieros, para que puedan acudir a preconcursos preventivos.

Asimismo, el texto introduce un procedimiento de insolvencia único para autónomos y microempresas de menos de 10 trabajadores, más rápido, digitalizado y con coste reducido, que incrementa la posibilidad de continuidad de las empresas viables y facilita la reasignación de recursos.

La norma, que introduce la figura del experto en reestructuraciones, estipula que no podrá ser nombrado administrador concursal quien esté "especialmente relacionado" con quien haya prestado cualquier clase de servicios profesionales al deudor, ni quienes hubieran sido nombradas ya para ese cargo en tres concursos dentro de los dos años anteriores o en más de veinte concursos de acreedores que estén en tramitación.

FIN DE LA MORATORIA

La aprobación ha coincidido con el fin de la moratoria concursal puesto en marcha en 2020 en plena pandemia de coronavirus, moratoria que ya contemplaba en su formulación un plazo de dos meses a partir del momento en el que se eliminara; ello, sumado al hecho de que agosto es un mes inhábil en los juzgados, retrasará la previsible avalancha de concursos hasta el otoño.

El cierre definitivo de la prórroga ha sido bien acogido por los profesionales del sector, que destacan, como hace el despacho de abogados Abencys, que la moratoria ha generado un efecto sedante en las empresas en dificultades, sumiéndolas en una "falsa sensación" de que la decisión sobre las medidas a adoptar para la supervivencia del negocio puede posponerse casi indefinidamente.

Las sucesivas prórrogas, añaden, y la no exigencia de ningún requisito para poder acogerse a éstas, se ha convertido en una medida con unos efectos contraproducentes para el futuro del tejido productivo español.

La moratoria no ha impedido el aumento de los procedimientos, y entre enero y marzo, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se presentaron más de 5.000, un 8 % más que un año antes; en 2021 crecieron un 37,5 % respecto a 2020 y un 57 % desde el año anterior a la pandemia de COVID, 2019.