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El déficit del conjunto de las Administraciones públicas españolas se disparó en el primer semestre hasta los 72.136 millones de euros, una cifra que casi triplica la del mismo periodo de 2019 (26.411 millones) y que equivale al 6,46 % del PIB.

Los diversos gastos asumidos como consecuencia de la pandemia, tanto sanitarios como para paliar sus efectos económicos, unidos a la caída de la recaudación han deteriorado las cuentas públicas, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Hacienda.

En los seis primeros meses del año, el Estado acumuló un déficit equivalente al 4,37 % del producto interior bruto (PIB); la Seguridad Social, al 1,15 % del PIB; las comunidades autónomas, al 0,67 % del PIB, y las corporaciones locales, al 0,26 % del PIB.

Este aumento del déficit ya estaba previsto -el Gobierno trasladó a Bruselas en abril que esperaba que el déficit superara el 10 % del PIB este año-, y precisamente este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado la suspensión de las reglas fiscales para 2020 y 2021.

Hacienda también ha publicado datos más actualizados de la ejecución presupuestaria del Estado y la Seguridad Social -hasta agosto-, así como de las comunidades autónomas -hasta julio-.

Así, en los siete primeros meses del año, el conjunto de las Administraciones públicas, exceptuados los ayuntamientos -cuyos datos de julio aún no se conocen-, acumularon un déficit de 73.128 millones de euros, el triple que en 2019 (24.387 millones) y un 6,54 % del PIB.

La Administración central -que ha asumido buena parte del impacto presupuestario de la pandemia con transferencias a otras administraciones- situó su déficit en el 5,42 % del PIB, cuando un año antes era del 1,25 % del PIB.

El déficit de la Seguridad Social pasó del 0,44 % al 1,39 % del PIB, ya que aunque las transferencias del Estado han elevado sus ingresos un 14,2 %, estos han sido insuficientes para cubrir un aumento de los gastos no financieros del 23,2 %.

El gasto de los Fondos de la Seguridad Social ligados a la pandemia, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o la prestación para autónomos, ascendió a 17.814 millones en esos siete meses.

En cambio, las comunidades autónomas se anotaron un superávit del 0,27 % del PIB, cuando el pasado año tenían déficit, gracias a varias transferencias del Estado, entre ellas el fondo COVID-19, el adelanto de las entregas a cuenta o la positiva liquidación definitiva del sistema de financiación, que permitieron compensar los mayores gastos ligados a la pandemia.

Los datos del Estado más actualizados, que abarcan hasta agosto, reflejan que el déficit continuó incrementándose y alcanzó los 60.295 millones de euros solo para este subsector, un 5,39 % del PIB y cuatro veces el de los ocho primeros meses de 2019 (15.316 millones).

Los ingresos estatales se hundieron en ese periodo un 13,9 %, hasta los 110.480 millones, con un descenso de la recaudación tributaria del 16,1 % que supuso la pérdida de 17.186 millones de euros, un 1,54 % del PIB.

La recaudación del IVA bajó un 15,6 %; la de IRPF, un 27,4 %, -debido no solo al parón de la actividad económica, sino también al efecto del sistema de financiación autonómica, cuyas entregas a cuenta no contemplaban la crisis- y la del impuesto de sociedades, un 7,1 %.

En esos ocho meses, los gastos se dispararon un 18,9 %, principalmente por las transferencias a la Seguridad Social (14.003 millones) y el fondo COVID distribuido entre las comunidades autónomas para paliar los efectos de la pandemia (6.000 millones), así como por los programas sanitarios.