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El Gobierno activará antes de final de año la subasta de interrumpibilidad y la compensación por costes de dióxido de carbono (CO2), pendiente de ejecutar, para evitar que Alcoa cierre sus plantas en La Coruña y Avilés (Asturias) y ayudar al resto de la industria electrointensiva a hacer frente a los altos costes de la luz.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha hecho el anuncio tras la reunión de dos horas y media que ha mantenido esta tarde con los presidentes de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y de Asturias, Javier Fernández, y los alcaldes de La Coruña, Julio Ferreiro, y Avilés, Mariví Monteserín, y a la que ha asistido también la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Alcoa, cuando anunció el cierre de dos de sus tres plantas en España, adujo el coste de la energía como uno de los motivos para cesar la actividad en dos de sus tres fábricas de aluminio en España.

Las subastas de interrumpibilidad son un mecanismo para compensar a la industria electrointensiva por sus altos costes son las subastas de interrumpibilidad y en ellas se subastan lotes de potencia interrumpible entre empresas dispuestas a cesar su consumo eléctrico en caso de que sea necesario para mantener la seguridad del suministro general, a cambio de lo cual reciben una compensación.

Alcoa obtuvo unos mil millones de euros en las subastas de interrumpibilidad celebradas en España en la última década, según fuentes del sector.

Por su parte, la compensación por costes de indirectos de CO2 consiste en una partida de 150 millones de euros incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Maroto ha afirmado que, con la próxima convocatoria de las subastas de interrumpibilidad, se dará seguridad a toda la industria electrointensiva "en un momento en el que el coste de la energía está repuntando" y ha añadido que el Gobierno trabaja, además, en un paquete de medidas para ayudar a estas industrias a "superar las dificultades del coste energético", a fin de evitar que "nos encontremos situaciones como la de Alcoa".

Ha explicado que en la reunión también se ha acordado pedir a la multinacional que retire su expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo para los 686 trabajadores de esas factorías, así como la creación de una mesa de trabajo en la que plantear escenarios que permitan mantener las plantas y los empleos y en la que también participarían los sindicatos y Alcoa.

Maroto ha dicho que espera que la mesa se pueda constituir en próximos días en paralelo a la retirada del ERE extintivo y ha recordado que la creación de esa mesa ya se propuso el pasado 23 de octubre en la reunión que mantuvieron representantes del Ministerio de Industria, de los gobiernos autonómicos, sindicatos y empresa, por lo que debería estar ya constituida, pues la "urgencia es máxima".

Tras la reunión, a la que no ha podido acudir el alcalde de Gozón (Asturias), Jorge Suárez, cuyo municipio alberga una gran parte de las instalaciones de Alcoa, el presidente asturiano, Javier Fernández, ha reclamado un "marco estable" para los precios eléctricos en el futuro para que empresas como Alcoa no tengan justificación económica para cerrar centros de trabajo.

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que Alcoa debe replantearse el ERE extintivo, pero el Gobierno debe dar respuestas, como abonar las cuantías presupuestadas y celebrar la subasta de interrumpibilidad, y ha añadido que espera que de aquí al final de año se cierre un marco energético estable para Alcoa y el resto de la industria electrointensiva.

Asimismo, ha pedido que se abonen los 150 millones de euros para compensar los costes indirectos de CO2 incurridos por las grandes industrias presupuestados para 2018 y los 78 millones de la convocatoria de ayudas de 2017.

También los alcaldes de La Coruña, Xulio Xose Ferreiro, y de Avilés, Mariví Monteserín, han insistido en que la empresa retire el ERE porque Alcoa "tiene futuro", mientras que UGT ha pedido en un comunicado crear un grupo de trabajo en el que el Gobierno central, los autonómicos y los sindicatos coordinen acciones para paralizar la tramitación del ERE.