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El Gobierno ha aprobado este viernes los nuevos impuestos a las transacciones financieras y a determinados servicios digitales, con los que quiere avanzar hacia "un sistema tributario más moderno y redistributivo".

Precisamente la "equidad" ha sido el argumento esgrimido por la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, para defender estas dos nuevas figuras tributarias, que tras la aprobación de sus respectivos proyectos de ley en el Consejo de Ministros iniciarán su tramitación parlamentaria.

El Ministerio de Hacienda ha señalado la necesidad de acometer reformas fiscales para adaptarse a los retos de la globalización y las nuevas formas de negocio, una meta en la que avanzan estos dos nuevos impuestos, con los que prevé recaudar algo más de 2.000 millones de euros ya contemplados en el proyecto presupuestario para 2019.

Las cuentas también incluyen los más de 800 millones que el Gobierno espera recaudar por la aplicación de la ley de prevención y lucha contra el fraude -que incluye desde un endurecimiento de la lista de morosos a la limitación de pagos en efectivo por encima de los 1.000 euros-, todavía pendiente de aprobarse.

Tanto el impuesto a las transacciones financieras como a los servicios digitales forman parte de los debates a nivel europeo que pretenden establecer tributos comunes en todos los países, si bien el Gobierno ha optado por ponerlos en marcha ya en lugar de esperar una decisión comunitaria y armonizarlos después.

El impuesto a determinados servicios digitales, también conocido como "tasa Google", gravará con un 3 % los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.

Este tributo, que espera recaudar 1.200 millones de euros, solo implicará a empresas con unos ingresos anuales de más de 750 millones en todo el mundo y 3 millones en España, por lo que no afectará a pymes ni start-ups, aclara Hacienda.

El impuesto a las transacciones financieras o "tasa Tobin" gravará con un 0,2 % las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.

Este tributo, que prevé recaudar 850 millones anuales, no afectará a las salidas a bolsa, las reestructuraciones empresariales, las operaciones entre sociedades del mismo grupo ni las cesiones de carácter temporal.

Desde el sector financiero, la CECA ha considerado que el establecimiento del impuesto sin coordinación con otros países europeos puede producir "un daño en la competitividad del mercado de capitales español y la deslocalización de operaciones".

Las patronales tecnológicas han cargado contra el Gobierno por aprobar la llamada "tasa Google" porque supondrá una desventaja competitiva para España, y han advertido de que su coste lo acabarán pagando las pymes, las pequeñas startups y el consumidor final.

Ametic ha lamentado la "acción unilateral" al aprobar este nuevo impuesto "sin que exista un consenso internacional entre países, ni a nivel europeo", mientras que DigitalES ha criticado que España se quede sola "en la aprobación de este impuesto que ya no responde ni al consenso ni a la urgencia que la Unión preveía en su momento".

La Unión de Contribuyentes ha criticado tanto la "tasa Google" porque "intenta poner puertas al campo a costa de los usuarios", como la "tasa Tobin", que en su opinión perjudicará a los accionistas y clientes de la banca.

Los técnicos de Hacienda (Gestha) han valorado estas nuevas figuras tributarias porque ofrecen "una mayor equidad y suficiencia al sistema tributario", aunque han considerado que las previsiones de recaudación están sobrevaloradas.