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El Gobierno ha prorrogado los ERTE de fuerza mayor para los sectores más afectados por la crisis con el acuerdo de los agentes sociales, tras incluir dos nuevos tipos de ERTE a los que se podrán acoger todas las empresas perjudicadas por medidas administrativas para frenar rebrotes de COVID-19.

El acuerdo, con vigencia hasta el 31 de enero, ha sido cerrado y aprobado en Consejo de Ministros un día antes de que venza la actual prórroga, tras conseguir el Ejecutivo el respaldo de los agentes sociales, principalmente la patronal, una vez mejoradas las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social de los tres tipos de ERTE que seguirán teniendo ayudas.

Tras intensas negociaciones con patronal y sindicatos, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto en valor la capacidad del diálogo social para llegar a acuerdos y ha destacado que, con las medidas aprobadas, se "protege a todas las empresas y a todos los trabajadores" de cara a unos meses que pueden ser complicados en plena ola de rebrotes.

"Si salvamos el otoño y el invierno entraremos de lleno en la recuperación", ha afirmado Díaz.

El nuevo esquema de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que regirá en los próximos cuatros meses establece tres tipos de expedientes con diferentes exoneraciones en las cuotas que las empresas pagan por sus trabajadores y manteniendo las condiciones de las prestaciones por desempleo.

Por un lado, están los ERTE por fuerza mayor, a los que podrán acogerse las actividades más afectadas por la pandemia, así como las empresas que demuestren depender de ellas, y que forman parte de una reducida lista que se conocerá una vez que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique el decreto, probablemente mañana, pero que abarcará fundamentalmente al transporte y el turismo.

En estos casos, las empresas tendrán durante los cuatro meses que dura la prórroga exoneraciones del 85 % para las de menos de 50 trabajadores y del 75 % para las de más, tanto para los empleados activados como los que sigan parados.

El acuerdo reconvierte la figura del ERTE de rebrote, introducida en la anterior prórroga de junio, en dos nuevas modalidades, el ERTE de impedimento y el ERTE de limitación.

A ellos podrá acogerse cualquier empresa, del sector que sea, si se ve afectada por medidas de restricción para hacer frente a la COVID-19.

En el ERTE de impedimento las bonificaciones serán del 100 % para las empresas de menos de 50 trabajadores y del 90 % para las de más de 50.

En el segundo, el de limitación, el esquema de bonificaciones es decreciente partiendo del 100 % en octubre para pasar al 90 % en noviembre, al 85 % en diciembre y al 80 % en enero para las empresas de menos de 50 trabajadores, en tanto que para las de más de 50 empleados hay que restar diez puntos a los porcentajes anteriores.

Finalmente, la mejora de las ayudas ha logrado desbloquear un acuerdo que mantiene muchos puntos de los anteriores, como la obligación de mantener el empleo durante 6 meses para las empresas acogidas a un ERTE o la prohibición de realizar horas extras.

En cuanto a las prestaciones, los trabajadores afectados por un ERTE mantendrán el "contador a cero", es decir no consumirán prestaciones de cara a un eventual futuro despido, durante todo 2021, en tanto que se reconocerá una prestación extraordinaria de desempleo a las personas trabajadoras con contrato fijo discontinuo.

También se recoge que las personas afectadas por un ERTE tendrán atención preferente para recibir cursos de formación con acciones específicas para este colectivo.

Actualmente, unos 600.000 trabajadores siguen acogidos a un ERTE relacionado con la pandemia del COVID-19 frente a los 3,4 millones que llegaron a estarlo en el pico de la pandemia en abril.

El Gobierno ha prorrogado también hasta el 31 de enero la protección para el colectivo de autónomos, ampliando la prestación por cese de actividad, también la del colectivo de temporada, e implementando instrumentos extraordinarios para proteger algunos casos que habían quedado desprotegidos.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha detallado que las ayudas asociadas a los ERTE y a la protección de los autónomos asciende hasta septiembre a unos 22.000 millones de euros.

La mitad de esa cifra, ha explicado, es imputable a la Seguridad Social por ayudas extraordinarias a autónomos, exoneraciones de cotizaciones a empresas y prestaciones por incapacidad temporal, mientras que la otra mitad se corresponde con la protección a los trabajadores incluidos en ERTE que paga el Servicio Público de Empleo (SEPE).