EFECOMMadrid

El Gobierno ha aprobado una ayuda directa de 200 euros para trabajadores, autónomos y desempleados con ingresos inferiores a 14.000 euros anuales para afrontar el encarecimiento de la cesta de la compra, y ha avanzado un nuevo impuesto a las empresas energéticas que entrará en vigor en 2023.

Ese pago único de 200 euros es una de las nuevas medidas del decreto ley aprobado este sábado en Consejo de Ministros extraordinario, por el que también se prorrogan hasta final de año las medidas vigentes desde el 1 de abril que incluían la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible y ayudas a los sectores más afectados por el impacto de la guerra en Ucrania.

Entre las novedades también está la congelación del precio de la bombona de butano y la rebaja del 50 % de los abonos de transporte de titularidad estatal (como los de Renfe) y del 30 % para los expedidos por las comunidades autónomas y entidades locales, que podrán elevar esa ayuda hasta el 50 % con recursos propios.

A ello se suma la rebaja ya anunciada esta semana del IVA de la factura de la luz del 10 al 5 % y la subida del 15 % de las pensiones de jubilación y de invalidez no contributivas, que supondrá 60 euros al mes y 360 euros a final de año.

El coste estimado de todas las medidas del decreto ley es de 9.100 millones de euros, "un esfuerzo extraordinario desde el punto de vista presupuestario", según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha explicado en rueda de prensa que 5.500 millones serán gasto y 3.600 millones serán reducción de ingresos.

En total, el Gobierno habrá destinado desde el 1 de abril y hasta final de 2022 más de 15.000 millones de euros en su plan de choque frente a la crisis energética y la elevada inflación provocada por la invasión de Ucrania por Moscú.

Sánchez ha destacado que esa cantidad supone más de un punto de PIB y que servirá para contener la inflación española en 3,5 puntos.

Además, ha calculado que las medidas enfocadas a los colectivos vulnerables protegen a casi 4 millones de españoles, pero ha incidido en que el plan, en su conjunto, beneficia a la totalidad de la ciudadanía.

Según ha dicho, se trata de proteger a las familias, a la clase media trabajadora y amortiguar el impacto de la inflación en sectores estratégicos de la economía, al tiempo que se reparten de una manera más justa y equitativa los costes económicos y sociales de la guerra.

Por esta razón, ha considerado que los partidos que no voten a favor de la convalidación de este decreto ley en el Congreso de los Diputados tendrán que explicárselo "a la clase media trabajadora de este país".

NUEVO IMPUESTO A LAS ELÉCTRICAS POR BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS

El Gobierno está diseñando un nuevo tributo que gravará los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas como consecuencia del alza de los precios de la energía y lo planteará a través de una proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos que se presentará en las próximas semanas para que pueda estar en vigor en 2023.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han explicado a EFE que la idea es poner el devengo del nuevo impuesto el 31 de diciembre de 2022, de manera que el nuevo tributo sería exigible a partir del 1 de enero de 2023, pero afectaría a los beneficios extraordinarios logrados por estas compañías en el ejercicio 2022.

"Es una medida que sintoniza con la opinión publica de nuestro país, con medidas similares de los países europeos de nuestro entorno y que atiende a las recomendaciones de distintos organismos internacionales cono la propia Comisión Europea, la OCDE y el FMI", ha dicho Sánchez, que no ha concretado cómo será ese nuevo gravamen.

"Las cargas de esta situación tan dolorosa deben distribuirse con justicia (...) Quienes obtengan réditos indirectos de esta subida de precios deben aportar de forma adicional al esfuerzo colectivo y a la protección de la clase media y trabajadora", ha añadido el presidente.