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El Gobierno vuelve a intentar aprobar este jueves día 20 en el Congreso la misma senda de déficit que ya fue rechazada en julio, y que conlleva unos objetivos más flexibles para los próximos años, aunque en el caso de ser aprobada no pasaría del Senado, ya que el PP la rechazaría con su mayoría absoluta.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, buscará en el Pleno del Congreso la complicidad de los partidos independentistas que apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy y que en la anterior votación se abstuvieron frente a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para 2019-2021.

Sin embargo, el fracaso de esta votación está anunciado y así lo ha dejado entrever el PDeCAT, que ve "inútil" someter estos objetivos de déficit a un nuevo debate cuando serían rechazados por la mayoría absoluta del PP en el Senado.

ERC no se ha pronunciado sobre el sentido de su voto, aunque previsiblemente será el mismo que en julio, mientras que el PNV podría seguir apoyando al Gobierno y votando a favor de unas metas de déficit que se sitúan en el 1,8 % del PIB para 2019, en el 1,1 % para 2020 y en el 0,4 % para 2021.

Unidos Podemos ha dejado la puerta abierta a un posible apoyo, aunque sus votos serían un mero gesto al Gobierno ya que no bastarían para superar el previsible rechazo del PP, Cs, CC, Foro Asturias y UPN, que votaron en contra hace seis meses.

La votación se producirá un día antes de que el Consejo de Ministros se reúna en Barcelona y apruebe la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros y con el posible encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra.

Montero volverá a argumentar el margen de más de 6.000 millones de euros que tendrían en 2019 las Comunidades Autónomas, el Estado y la Seguridad Social de aprobarse un déficit público del 1,8 % del PIB, cinco décimas más flexible que el del 1,3 %, que es con el que al final se presentarán los Presupuestos de 2019, puesto que es el único aprobado por las Cortes Generales.

Esos más de 6.000 millones se distribuyen en una décima para el Estado (cerca de 1.200 millones), dos décimas para las Comunidades Autónomas (unos 2.500 millones) y otras dos para la Seguridad Social (otros 2.500 millones de euros).

La ministra es consciente de la dificultad de aprobar este acuerdo pero ha reiterado que "no es imposible" y cree que en todo caso se gana "seguridad jurídica" con un segundo rechazo, ya que se refuerza la posición de que la mayoría del PP y Cs no debe bloquear los Presupuestos en la Mesa del Congreso.

La lentitud en la tramitación de la propuesta de ley que busca modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para sortear el veto del Senado a la senda de déficit también ha llevado al Gobierno ha insistir en que los Presupuestos de 2019 tendrán que ir con la meta de desviación del 1,3 % del PIB aprobada durante el Gobierno del PP.

"Vamos a pasar el trámite de rechazar de nuevo estos objetivos para incorporar la senda anterior, y cuando se apruebe la Ley Orgánica a lo largo del año podremos actualizar los objetivos de estabilidad", ha dicho Montero recientemente.

Sin embargo, la Mesa del Congreso ha encargado, a instancias de la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, un informe jurídico sobre la legalidad de la tramitación parlamentaria de esta senda de déficit socialista ya que las dudas jurídicas surgen con la aplicación literal de la Ley de Estabilidad.

Su artículo 15 señala que "en el primer semestre de cada año" el Gobierno fijará los objetivos de estabilidad presupuestario y añade que, si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, "en el plazo máximo de un mes", remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento.

En este sentido, el Ejecutivo ha tardado cinco meses en volver a llevar al Congreso esa senda lo que genera reparos sobre la legalidad de su tramitación parlamentaria.