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Las vicepresidentas del Gobierno Nadia Calviño y Teresa Ribera han propuesto a la Comisión Europea (CE) crear una plataforma comunitaria que centralice las compras de gas natural, evitando así la exposición a las fluctuaciones de los mercados energéticos y aumentando el poder de negociación de la Unión Europea (UE).

Así se recoge en un documento remitido este lunes a los vicepresidentes de la CE, Frans Timmermans y Margrethe Vestager, así como a la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, con una serie de actuaciones que el Gobierno pone sobre la mesa para debatir a nivel comunitario con el objetivo de reducir el impacto que tienen los altos precios energéticos en los consumidores.

El Gobierno asegura en su escrito que la autonomía estratégica de Europa es incompatible con el nivel actual de exposición a las fluctuaciones de los mercados energéticos internacionales, y recuerda que, aunque a corto plazo no se puede reducir la dependencia energética, si que se debe aumentar el poder de negociación de la UE.

Para ello, el Ejecutivo cree que es necesario centralizar las compras de gas natural, como se ha hecho con las vacunas durante la pandemia, con el objetivo de construir reservas energéticas de gas que permitan mitigar la exposición a los mercados energéticos.

Así, con un mayor poder de negociación, Europa podría reducir su exposición al comportamiento de los mercados, donde los productores de gas se están comportando estratégicamente para "maximizar sus beneficios".

Además, advierte de la necesidad que tiene la UE de protegerse para que los productores de gas no "utilicen los precios de la energía como herramienta de negociación política en otros asuntos".

Por otro lado, el Gobierno ha pedido reformar el mercado mayorista para que los consumidores vean reflejados los beneficios de contar con una generación eléctrica basada en tecnologías renovables más baratas.

A pesar de que en los últimos años se ha reducido la participación de los combustibles fósiles en el mix de generación, el Gobierno denuncia que sean las plantas de esas tecnologías las que marcan actualmente el precio de la electricidad, y asegura que son las principales responsables de la escalada alcista de los mercado mayoristas de electricidad.

En el documento, el Ejecutivo también pide adoptar medidas que eviten que la especulación financiera en los mercados europeos de emisión de dióxido de carbono (CO2) provoque un efecto burbuja.

Así, cree que el mercado de emisiones de CO2 debería ser para las empresas energéticas e industriales, restringiendo la presencia del resto de agentes, especialmente los especuladores con poder de mercado, ya que hay "una correlación significativa entre el aumento de los niveles de precios y la mayor presencia de empresas no establecidas en el mercado".

"Si la especulación financiera, en lugar de factores reales, hace subir los precios demasiado rápido, se verá amenazada la transición hacia una industria impulsada por energías limpias", advierte el Gobierno.

LOS PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD, UN PROBLEMA "EUROPEO"

Sobre los precios actuales de la electricidad, el Gobierno recuerda en su escrito que no es solo un problema nacional, sino de dimensión comunitaria, que está provocando que el marco regulador europeo pierda "credibilidad".

El Ejecutivo pone de ejemplo las protestas de los "chalecos amarillos" que se formó en Francia hace tres años y avisa de que, pese a que las políticas de reducción de carbono se han entendido y aceptado en España, puede que no soporten un periodo continuado de precios de la electricidad "abusivos".

Por ello, piden a la CE que establezca unas directrices que permitan a los países comunitarios actuar durante los periodos de fuerte tensión de los mercados energéticos.

"Si las reglas del juego se establecen a nivel europeo, los remedios también deberían hacerlo. Los Estados miembros no deberían tener que improvisar medidas ad hoc cada vez que los mercados funcionen mal, y luego esperar que la Comisión no se oponga a ellas", recuerda el Ejecutivo.

En este sentido, rememora que las medidas adoptadas por el Gobierno cumplen "plenamente" con el marco legislativo europeo, además de tener una duración temporal hasta que se rebajen los precios actuales del gas.

Y concluye que con otros países que han adoptado medidas menos "ortodoxas" que España la CE ha mantenido un enfoque "prudente", por lo que el Gobierno espera, al menos, un trato similar.