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El Gobierno ha prorrogado este martes el llamado "escudo social", un conjunto de medidas entre las que se incluyen la suspensión de los desahucios y de los pagos de alquileres de vivienda así como la prohibición de cortar los suministros básicos a aquellos consumidores vulnerables más castigados por los efectos económicos de la pandemia.

El último Consejo de Ministros antes de las vacaciones ha aprobado la extensión temporal hasta el 31 de octubre de este paquete de medidas, que han sido prorrogadas en sucesivas ocasiones desde el inicio de la pandemia y vencían el próximo lunes, 9 de agosto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho en su cuenta de Twitter: "quienes más sufren las consecuencias de la pandemia siguen así contando con el soporte del Gobierno. Nuestro propósito siempre ha sido el mismo: que nadie se quede atrás. En la pandemia y también ahora en la recuperación".

Para el decreto "antidesahucios", el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, finalmente prorrogará la prohibición de expulsar de sus casas a los más vulnerables en los términos actuales, aunque el Gobierno barajó la opción de presentar un nuevo decreto que diera protección "estructural" a estos colectivos, tal como avanzó en su día el ex ministro José Luis Ábalos.

En materia de vivienda, continúa la suspensión temporal de los procedimientos de desahucio y los lanzamientos para hogares sin alternativa habitacional.

Además, se mantiene la posibilidad de solicitar la prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor.

Y se extiende también la posibilidad de que los arrendatarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad soliciten la moratoria o condonación parcial de la renta cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor —persona física con más de diez viviendas—.

Por su parte, los arrendadores y titulares de viviendas afectados por esta suspensión extraordinaria podrán solicitar la compensación hasta el 30 de noviembre. Se modifica también el Plan de Vivienda Estatal 2018-2021 para poder hacer frente a estas compensaciones.

El decreto prohíbe igualmente el corte de los suministros básicos (energía eléctrica, gas natural y agua) de primeras viviendas de personas vulnerables y amplía la vigencia del bono social, el descuento directo en la factura dirigido a los consumidores vulnerables.

El Gobierno aprobó por primera vez estas medidas el 31 de marzo de 2020, tras el decreto del estado de alarma para tratar de frenar la extensión de la covid-19 y desde entonces ha aprobado prórrogas sucesivas.

El Gobierno señala que con esta prórroga "ahonda en su estrategia de avanzar en igualdad, en justicia social y en progreso", ante la persistencia de las consecuencias sociales de la pandemia en esta nueva fase de recuperación económica.

Por ello, ha acordado mantener las actuaciones de protección existentes para los colectivos más vulnerables, medidas "que refuerzan la estructura de bienestar social".

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de Unidas Podemos, era partidaria de que la prórroga se extendiera hasta el 31 de diciembre pero por el momento será hasta el 31 de octubre.