EFEQuito

La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador rechazó este lunes un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para proteger la diolarización de la economía nacional, y que está atado al acuerdo crediticio suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) no dio paso al trámite del proyecto legal enviado por el Gobierno, con carácter de urgente en materia económica, y que ya había sido rechazado el mes pasado por asuntos de forma.

El Ministerio de Economía, en un comunicado, reaccionó a la decisión parlamentaria y dijo sospechar que quizá hay personas en desacuerdo con cuidar la dolarización, el sistema monetario adoptado por el país en el año 2000.

El ministro de Economía, Mauricio Pozo, en declaraciones reproducidas por su despacho, dijo que el Gobierno está "profundamente comprometido con la protección de la dolarización" y que, por ello, "se remitirá el proyecto de reforma legal las veces que sean necesarias", aunque no especificó una fecha para insistir.

Además, sostuvo que, según su parecer, el objetivo de la entrega a trámite de un proyecto legal al Legislativo es que el órgano parlamentario "cumpla con su deber de revisarlo, debatirlo, perfeccionarlo o modificarlo si fuese necesario, pero no rechazarlo de entrada".

"El CAL no puede interpretar la constitucionalidad de un proyecto de ley. La Corte Constitucional tampoco podría pronunciarse sobre proyectos de reforma legal, sino sobre leyes aprobadas", añadió el ministro en su explicación.

Para Pozo, "la Asamblea Nacional debe tratar la ley y pronunciarse".

El proyecto legal ha sido criticado por varios especialistas y grupos políticos que cuestionan que la normativa intente devolver una independencia política, financiera y administrativa al Banco Central del Ecuador.

Los opositores consideran que con esa normativa se podrían volver a generar desequilibrios en el sistema financiero como ya ocurrió durante la crisis económica de 1998, considerada la peor de la historia nacional.

En esa época, una treintena de bancos fueron intervenidos por el Estado, en medio de una crisis de liquidez, cuyo salvamento terminó por costarle al erario nacional más de 8.000 millones de dólares.

El Gobierno, por contra, estima que con esa normativa el Banco Central protegerá las reservas internacionales sin la influencia de los gobiernos de turno, que podrían estar tentados a tomar parte de ese dinero para financiar gasto público.

Además, el fortalecimiento del marco institucional del Banco Central figura en el acuerdo del servicio ampliado con el FMI, que Ecuador solicitó en octubre del año pasado por 6.500 millones de dólares.