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El Gobierno debería aprobar el plan quinquenal de Aena, denominado Documento de Regulación Aeroportuaria para 2022-2026 (DORA II), que define la evolución de las tarifas aeroportuarias, antes del 30 de septiembre, tal y como establece la Ley 18/2014, es decir en el Consejo de Ministros del próximo martes.

De su aprobación están pendientes las aerolíneas que operan en España para ver si, finalmente, las tarifas aeroportuarias, que deberán pagar por la utilización de ciertos servicios y que se repercuten posteriormente en los billetes de los viajeros, subirán, como pretende Aena, o bajarán, como propone la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La aprobación por parte del Consejo de Ministros del primer DORA para el periodo regulatorio 2017-2021 se demoró hasta el 27 de enero de 2017 por falta de gobierno.

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) se encarga de elaborar el texto definitivo del documento a partir de la propuesta de Aena y del informe de la CNMC que debe obtener luz verde primero del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y, a continuación, del Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).

La propuesta del gestor aeroportuario es de un aumento del 0,52 % anual hasta 2025 por costes sobrevenidos derivados de requerimientos normativos de seguridad (inspección de equipaje de mano y de bodega y control de fronteras de la UE), y del 3,29 % en 2026, lo que eleva al 5,5 % el incremento que deberán asumir las aerolíneas en el conjunto del periodo.

Por el contrario, la CNMC considera en su informe no vinculante sobre el DORA II que las tarifas deben reducirse en un 0,44 % anual durante el periodo, lo que supone una rebaja del 2,2 % para el conjunto del quinquenio.

Si finalmente se modificara a la baja la propuesta de Aena, sería su segundo revés en un mes, después de que el pasado 23 de septiembre el Congreso aprobara una enmienda (incorporada a la ley de Ordenación del Transporte Terrestre) que le obliga por ley a rebajar los alquileres que cobra a tiendas y restaurantes en los aeropuertos, con una merma en sus ingresos de 1.500 millones de euros.

INVERSIONES POR 2.250 MILLONES

Las inversiones reguladas previstas en el DORA II alcanzan 2.250 millones de euros, con una media anual de 450 millones, y contemplaban, entre otros proyectos, las actuaciones necesarias de ampliación de capacidad en el aeropuerto de Barcelona, proyecto que ha sido suspendido por la falta de consenso institucional como consecuencia de las dudas medioambientales que ha generado.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha señalado recientemente que el proyecto está aparcado hasta que se abra una nueva oportunidad y una nueva ventana regulatoria, que ya no será el DORA II.

El importe que iba a recibir el proyecto de ampliación de El Prat dentro del periodo 2022-2026 (120 millones de euros) se destinará a mejoras de la red de los aeropuertos de Aena en su conjunto y a la implantación de medidas de sostenibilidad medioambiental.