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El Tribunal Supremo continuará estudiando en los próximos días el futuro de los 64 condenados por apropiarse indebidamente del patrimonio de Caja Madrid a través de las tarjetas opacas al fisco ("black"), entre ellos su expresidente Rodrigo Rato, que recurrió su pena de cuatro años y medio de prisión.

Según han informado hoy fuentes jurídicas, así lo ha decidido la sala segunda del alto tribunal, que preside el juez Miguel Colmenero, que hoy ha celebrado su primera sesión de deliberación, aunque de momento se desconoce cuándo volverá a reunirse, siempre a puerta cerrada, dada su carga de trabajo.

En febrero de 2017, la Audiencia Nacional condenó al expresidente de la entidad Miguel Blesa a seis años de prisión y a Rato, a cuatro años y medio, por apropiación indebida a través del sistema de tarjetas "black".

La sentencia castigó además al ex director general de medios de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj, con dos años y medio de prisión como colaborador y cómplice de la "mecánica desarrollada", en tanto que a los otros 62 les imponía penas de entre cuatro años y tres meses de prisión.

La sección cuarta de la sala de lo Penal aseguraba que todos ellos conocían la previsión legal y estatutaria de la tarjeta corporativa, a pesar de lo cual "le dieron el uso particular que tuvieron por conveniente contra el caudal de la caja", una "merma" cifrada en más de 12 millones de euros por la que apuntaba directamente a Blesa.

Pero el fallecimiento de quien estuviera al frente de la entidad entre 1996 y 2010 dio un giro a las actuaciones el pasado mes de julio, y si bien quedó extinguida su responsabilidad penal se mantuvo la civil.

Su desaparición deja a Rato al frente de una lista en la que figuran otros nombres de las esferas política y empresarial como el exvicepresidente de la caja y antiguo representante de IU, José Antonio Moral Santín (cuatro años de cárcel); el expresidente de la CEOE y de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán; el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno (dos años); o el exlíder de la patronal madrileña Arturo Fernández y el exconsejero Javier López Madrid (seis meses).

En su recurso, el exvicepresidente del Gobierno afeaba que la Audiencia Nacional dijera que los condenados "entrañaron un sistema opaco frente a los organismos internos y externos" cuando todos ellos explicaron en el juicio que las tarjetas fueron inspeccionadas por el fisco, y declaradas en 2014 como gastos deducibles por el actual equipo de Bankia.

Defensas al margen, la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce la acusación popular, también recurrió la sentencia ante el Supremo, al que pide que aumente la condena a Rato y Sánchez Barcoj por el presunto delito de administración desleal descartado por la instancia anterior.