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Un tribunal federal de Florida dictaminó este viernes que las normas anticovid-19 de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. que tienen paralizados a los cruceros seguirán en vigor en Florida solo hasta el 18 de julio y a partir de esa fecha tendrán carácter de "guías".

El juez Stephen Merryday, del Tribunal federal de Distrito Medio de Florida, con sede en Tampa (en la costa oeste de Florida), aprobó una petición en ese sentido planteada por el estado de Florida en una demanda contra los gubernamentales CDC que todavía continua abierta.

La decisión del juez supone una victoria para el gobernador de Florida, Ron Desantis, quien en su primera reacción dijo que "los CDC se han equivocado todo el tiempo y lo sabían".

Según DeSantis, republicano y seguidor del expresidente Donald Trump, "los CDC y la Administración Biden idearon un plan para hundir la industria de los cruceros, escondiéndose detrás de retrasos burocráticos y demandas".

Biden asumió la Presidencia en enero, cuando las normas de los CDC llevaban ya en vigor más de diez meses.

"Hoy estamos asegurando esta victoria para las familias de Florida, para la industria de cruceros y para todos los estados que quieran preservar sus derechos frente a una extralimitación federal sin precedentes", aseveró el gobernador.

DeSantis pidió al juez que actuase en contra de la "orden de navegación condicionada" emitida por los CDC en octubre, que contiene una serie de medidas para que las compañías navieras puedan reanudar sus operaciones con cruceros desde puertos estadounidenses.

El juez Merryday aprobó la petición y dio a los CDC un plazo que vence el 2 de julio para presentar al tribunal una propuesta de regulaciones menos estrictas con el fin de "salvaguardar la salud pública" una vez que las normas de la "orden de navegación condicionada" dejen de ser obligatorias y se conviertan en recomendaciones o guías a partir del 18 de julio.

La demanda contra los CDC fue presentada por DeSantis y la fiscal general de Florida, Ashley Moody, con el fin de agilizar la reanudación de las operaciones del sector de cruceros, que lleva más de un año paralizado y tiene un peso importante en la economía floridana.

Al margen de la demanda, muchas de las compañías de cruceros han llegado a acuerdos con los CDC para su pronta reactivación.

"A medida que Florida continúa prosperando mientras está abierta al público, el regreso de la industria de los cruceros marca un hito importante en la lucha por la libertad" dice un comunicado de la Gobernación de Florida.

Los CDC cambiaron este jueves su recomendación de no viajar en cruceros por un riesgo "muy alto" de contraer covid-19.

El riesgo se redujo a "alto", pero la agencia federal recomendó no viajar en cruceros a los pasajeros que no estén completamente vacunados y recordó que se ha informado de brotes en esos barcos.

El miércoles la empresa Royal Caribbean pospuso por un mes más el crucero Odyssey of the Seas, que iba a reanudar operaciones en puertos de EE.UU. a principios de julio, debido a ocho casos positivos de la covid-19 en su tripulación.

De igual forma, la semana pasada dos pasajeros del barco de Celebrity Cruises, subsidiaria de Royal Caribbean, que realizaba un trayecto por el Caribe, dieron positivo a la covid-19.

Si bien desea una pronta reanudación de los cruceros, la Gobernación de Florida es contraria a que se exija certificado de vacunación a los pasajeros una vez que vuelvan a hacerse a la mar.

DeSantis incluso ha promulgado una ley que prohíbe exigir los llamados "pasaportes de vacunas" en ningún sector de la economía.

"Al imponer requisitos de vacunación ilegales para los cruceros, algo que ningún otro negocio puede hacer, los CDC discriminan a las familias con niños, impidiéndoles viajar en crucero", detalló el Gobierno estatal en la petición que aprobó el juez Merryday.

Según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA, por sus siglas en inglés), que representa al 95 % de las compañías con cruceros oceánicos, entre marzo y septiembre de 2020 esas empresas presentaron pérdidas globales de 77.000 millones de dólares, 23.000 millones en salarios y 518.000 puestos de trabajo.