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La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido consenso social y político para abordar cambios profundos en la legislación laboral que frenen la precariedad y el desempleo a consecuencia de la crisis del covid-19, por ejemplo con mejores expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Díaz ha comparecido en la Comisión de Trabajo del Senado donde ha sido interpelada por las intenciones del Ejecutivo sobre una derogación total o parcial de la reforma laboral de 2012 y ha recibido las críticas del PP y VOX por "dinamitar" el diálogo social con un pacto parlamentario con EH Bildu.

La ministra ha dejado claro que la derogación de la reforma laboral del PP seguirá "su curso y su camino" en el marco del diálogo social, toda vez que su primera fase ya había comenzado antes de la pandemia del coronavirus y ha dicho que lo harán "en cuanto se pueda".

Ha señalado que las negociaciones laborales deben enmarcarse en el diálogo social, que es "vital", pero también en un consenso parlamentario, necesario para "cambiar las leyes".

"Debemos acometer las transformaciones de fondo que este país necesita en el ámbito laboral y del trabajo sin tardanza. Nuestra respuesta debe ser ambiciosa", ha dicho Díaz tras recordar que el coronavirus ha destruido cerca de 816.797 empleos en tan solo dos meses.

Díaz ha desglosado las medidas aprobadas para luchar contra la pandemia del covid-19 y ha afirmado que las transformaciones laborales, en el ámbito del teletrabajo, de los salarios o de la protección son necesarias para evitar futuras amenazas.

"Necesitamos acometer estas transformaciones porque, de no hacerlo, sólo habremos parado un golpe. Habremos parado el primer golpe, pero estaremos igualmente expuestos y vulnerables como sociedad, ante futuras amenazas", ha dicho.

Entre los objetivos que siguen vigentes -ha dicho- está el de subir el salario mínimo más allá de los 950 euros, hasta que alcance el 60 % del salario medio a final de la legislatura.

Durante su comparecencia Díaz ha resaltado el "firme compromiso" del Gobierno con el diálogo con patronal y sindicatos y ha abogado por seguir adelante en este marco que ha dado acuerdos como la prórroga de los ERTE vinculados al coronavirus hasta el 30 de junio, y que ahora estudian prolongar más allá de esta fecha para determinados sectores.

"Y este acuerdo, es importante resaltarlo, no es un punto final", ha incidido tras afirmar que más del 90 % de los ERTE de abril lo han sido por fuerza mayor y las ramas de Hostelería; Comercio, Reparación de Vehículos de Motor; Industria Manufacturera; Entretenimiento; Educación o Actividades Sanitarias han sumado más del 80 % de los afectados por un ERTE.

Además han sido superiores en territorios con mayor peso del turismo, como Baleares y Canarias, alcanzando también un porcentaje superior a la media la zona mediterránea en Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, especialmente Málaga.

"Estamos convencidos que la flexibilidad interna va a jugar un papel clave en la reconstrucción, hemos llegado a un gran acuerdo con los agentes sociales para dar continuidad a los ERTE, ahora la negociación debe ser la guía", ha dicho al referirse a las negociaciones en la comisión del Congreso.

La ministra ha lamentado la elevada precariedad del empleo y ha avanzado que han sido los asalariados, sobre todo del régimen general -con la excepción del sistema especial agrario-, los más afectados por el desempleo entre el 12 de marzo y el 12 de mayo, tanto en términos absolutos como en relativos con 768.604 trabajadores que han perdido su empleo frente a los 48.163 autónomos.

Por tipo de contrato, la covid-19 se ha llevado por delante 586.372 empleos temporales (el 14,26 % de los que había) y 122.387 indefinidos (el 1,29 de los que había), es decir, tres de cada cuatro empleos destruidos han sido temporales, ha dicho la ministra.