EFEBarcelona

Gobierno y Generalitat se reunirán la próxima semana para intentar lograr que Nissan dé marcha atrás en su decisión de cerrar las plantas catalanas, mientras el comité de empresa de Barcelona avisa que solo se sentará a negociar soluciones que impliquen mantener los empleos y los centros de trabajo.

Tras la convulsión que provocó ayer el anuncio de Nissan de que cerrará sus plantas catalanas en diciembre, entre ellas la de la Zona Franca de Barcelona, este viernes las administraciones han insistido en no dar la batalla por perdida, habida cuenta de que la salida de Nissan de Cataluña deja en el aire unos 25.000 empleos, entre directos e indirectos, según estimaciones del comité de empresa y del gobierno catalán.

La portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó, ha explicado en Onda Cero que su ejecutivo está "trabajando conjuntamente" con el de Pedro Sánchez y ha precisado: "La próxima semana nos vamos a reunir el Govern de Cataluña con el Gobierno del Estado para trabajar conjuntamente de qué manera podemos afrontar la posibilidad de revertir esta situación, hablando directamente con Japón y lo que haga falta".

La reunión de la próxima semana para buscar "soluciones", que Budó ha concretado que será en Madrid, fue uno de los asuntos que trataron ayer jueves en conversación telefónica el presidente catalán, Quim Torra, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De hecho, Torra apeló ayer al Gobierno a la unidad institucional por Nissan y explicó que los departamentos de la Generalitat implicados en esta crisis industrial se coordinarían con los diferentes ministerios para "actuar de manera decidida".

Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha dicho hoy que es necesario buscar "la mejor colaboración público-privada para dar continuidad a Nissan".

En declaraciones a la Cope, Maroto ha insistido en que la industria de la automoción española tiene factores diferenciales y que hay oportunidades de desarrollo en el ámbito de la movilidad sostenible, para la que el Gobierno hará una apuesta "importante".

En esta línea, ha dicho que convocará la Mesa de la Movilidad Sostenible, para que administraciones, empresas y sindicatos definan "una nueva política industrial" en un contexto distinto en el que deben reforzar las palancas competitivas.

Tras las quemas de neumáticos que se vivieron ayer en Barcelona como reacción al anuncio de la multinacional japonesa, hoy el comité de empresa ha optado por una protesta menos contundente y varios centenares de trabajadores de Nissan han protestado ante diversos concesionarios de la marca japonesa en la provincia de Barcelona.

Los empleados de Nissan han empapelado las paredes de los concesionarios con folios que recogían consignas en contra del cierre y en favor del mantenimiento del empleo y de las 25.000 familias afectadas, y han advertido a la empresa de que las protestas irán a más si mantiene sus planes de desmantelar las instalaciones de Zona Franca, Sant Andreu de la Barca y Montcada i Reixac.

En declaraciones a Efe, el presidente del comité de Nissan en Barcelona, Juan Carlos Vicente, ha avisado a la multinacional que solo se sentará a negociar "soluciones de futuro" para las plantas catalanas y que impliquen mantenimiento de los empleos, "y no indemnizaciones".

"No vamos a poner precio a la fábrica ni a los puestos de trabajo. Somos 25.000 familias y estamos velando por el futuro de los empleos", ha asegurado en relación al personal empleado en las plantas barcelonesas y al generado en las empresas proveedoras.

Ante el anuncio de cierre de Nissan, algunos partidos como la CUP o ERC han puesto sobre la mesa la posibilidad de nacionalizar la empresa, una opción que tanto la consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, como la consellera de Empresa, Àngels Chacón, ambas de JxCat, ven fuera de lugar.

A través de su perfil de Twitter, Chacón ha dicho que la nacionalización "no es una opción realista" y Budó, en declaraciones a Onda Cero, ha dejado claro que "no está encima de la mesa del Govern".

El vicepresidente catalán y consejero de Economía, Pere Aragonès, ha propuesto articular de manera diferente las ayudas públicas que se conceden a las empresas, abandonando la vía de la subvención y apostando más por la entrada en el capital para tener más incidencia en las decisiones de estas compañías.

Por otra parte, el pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una moción de urgencia avalada por todos los grupos municipales que muestra su "apoyo y solidaridad" a los trabajadores de Nissan y "exige" a la compañía automovilística que sea "parte activa en la búsqueda de alternativas para mantener el empleo".

Y es que el cierre de las plantas de Nissan en Barcelona, oficializado ayer, deja sin empleo a 3.200 trabajadores directos y amenaza a 20.000 más, y deja a Cataluña sin un importante motor industrial.