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El Congreso ha convalidado el decreto ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público gracias al acuerdo de última hora entre el Ministerio de Hacienda y ERC, que dará una mayor prioridad en el acceso a las plazas fijas a los interinos que ya ocupan esos puestos estructurales.

Los cambios se introducirán durante la tramitación de la norma como proyecto de ley, un proceso que debería concluir a finales de octubre para avanzar en el proceso de estabilización y dar certidumbre a los afectados, según ha dicho durante su intervención la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

En virtud del acuerdo, los interinos de las administraciones públicas que lleven más de diez años ocupando una plaza estructural que nunca haya sido convocada podrán adjudicarse dicha plaza sin necesidad de pasar una oposición, sino únicamente por una valoración de méritos.

Montero ha explicado que se les aplicará la excepcionalidad prevista en el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, que permite la selección de funcionarios de carrera únicamente con un concurso de valoración de méritos.

La norma también dará potestad a las comunidades autónomas para decidir si el examen para las plazas de estabilización que convoquen es o no eliminatorio.

El decreto ley ya preveía que la valoración de la experiencia en el puesto pesara un 40 % en el proceso de selección, pero ahora se añade la posibilidad de que la prueba no sea eliminatoria si así lo deciden las comunidades autónomas en sus convocatorias.

PROCESO DE ESTABILIZACIÓN EN TRES AÑOS

El decreto ley contempla que las plazas, unas 300.000 estructurales, deberán estar adjudicadas antes del 31 de diciembre de 2024 como fecha límite improrrogable.

También establece que los interinos o el personal laboral temporal que no logre una plaza tendrá derecho a una compensación económica de 20 días por año trabajado, hasta 12 mensualidades, y que podrá ser incluidos en bolsas de empleo específicas.

Asimismo, fija que el incumplimiento máximo de permanencia de tres años como interino dará lugar a una compensación económica de 20 días, hasta un máximo de doce mensualidades.

VOTACIÓN AJUSTADA

Aunque la votación del decreto ha sido ajustada, con un solo voto de diferencia entre el sí y el no, la decisión de los republicanos catalanes de votar a favor ha permitido sacar adelante una norma que ha generado mucha oposición entre algunos socios de Gobierno.

Entre ellos Bildu, que ha votado en contra (igual que JuntsxCat, PdeCat, Ciudadanos, Vox y PP) porque no se ha escuchado ni a los sindicatos vascos ni a los grupos parlamentarios.

La negociación "in extremis" ha servido también para que el PNV se abstenga, mientras que Ciudadanos ha votado en contra de una norma que considera un parche.

La diputada de ERC Pilar Vallugera ha explicado que quienes han sufrido el fraude laboral no pueden tener los mismos derechos que quienes acceden de nuevas a la función pública.

El PP ha criticado el decreto por "abusivo" y se ha preguntado "quién va a pagar" las indemnizaciones a los interinos que se queden sin trabajo, a tiempo que ha recordado que el PP llevó a la Cámara Baja sus procesos de estabilización en la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y de 2018.

Desde Vox han avisado de que actuarán contra un decreto "que tiene todos los visos de ser inconstitucional".

El sindicato CSIF, unos de los sindicatos firmantes del acuerdo del que emanó la norma, ha valorado la convalidación, pero ha pedido a los grupos parlamentarios que garanticen la seguridad jurídica de la ley para que los procesos de estabilización "no sean tumbados por los tribunales".