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IAG, que conforman British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus y Level, dice que sus aerolíneas cumplen con la normativa sobre propiedad y control de la Unión Europea (UE) en caso de un 'brexit' duro, tras recibir el respaldo de los reguladores de España, Francia, Irlanda y Austria.

El presidente del grupo, Antonio Vázquez, ha explicado, en la junta general de accionistas del grupo, que, cumpliendo con la regulación de conectividad de la UE, en el mes de abril, las aerolíneas de IAG presentaron sus planes sobre propiedad y control a las respectivas autoridades nacionales en los países mencionados.

El grupo ha recibido, con satisfacción, confirmación por parte de los reguladores del cumplimiento de la normativa, ha resaltado Vázquez, para recordar que estas evaluaciones han sido enviadas a la Comisión Europea.

IAG es "una compañía española", con una estructura de capital "muy similar a la de la inmensa mayoría de las compañías del Ibex 35, con participaciones de capital inglés, americano y de origen asiático además de europeo, incluyendo los bancos españoles", ha subrayado.

Sus aerolíneas tienen certificados de operación otorgados desde el inicio y apoyados por sólidos negocios en España, Irlanda, Francia y el Reino Unido, así como recientemente en Austria.

En conjunto, las compañías del grupo emplean a más de 64.700 personas, la mayoría ciudadanos europeos, ha agregado.

IAG ha recibido, asimismo, con "gran satisfacción" la decisión adoptada por Reino Unido y la UE de garantizar la continuidad de los vuelos de las aerolíneas con licencia europea entre ambos territorios después del 'brexit', por lo que confía en que los servicios aéreos sigan operando con normalidad incluso en caso de una ruptura sin acuerdo.

A pesar del 'brexit' y otros desafíos como el incremento del precio del petróleo o la guerra comercial entre EEUU y China, el consejero delegado de IAG, Willie Walsh, ha afirmado que la mayoría de los "ambiciosos" objetivos" financieros del grupo "permanecen sin cambios".

En la misma línea, Vázquez ha recordado que, en 2018, IAG no sólo alcanzó un beneficio operativo récord, sino que todas las aerolíneas que lo integran contribuyeron a ello y mejoraron sus resultados respecto del ejercicio anterior.

Sin embargo, la evolución del precio de la acción no es buena y no refleja el valor de la empresa, y subestima el potencial de su modelo de negocio, ha lamentado.

Aún así, IAG sigue con "gran ilusión" para cumplir con su "vocación" de remuneración de accionistas, manteniendo unos retornos sobra la inversión elevados.

Desde 2015, IAG habrá reintegrado alrededor de 3.800 millones de euros a sus accionistas, de los que 1.000 millones se pagarán en julio, tras su aprobación por la junta, que ha dado su visto bueno también, entre otros nombramientos, a la reelección de Emilio Saracho, expresidente del Banco Popular, como consejero independiente.

Esta decisión se ha encontrado con críticas de algunos accionistas, que han considerado una "temeridad" mantener en el consejo a una persona investigada y que es "un liquidador".

Vázquez ha defendido a Saracho, que, en su opinión, cumple a la perfección su papel como consejero y, además, su continuidad ha sido aprobada por mayoría suficiente.

Además, los accionistas han pedido explicaciones sobre la firma de una carta de intención con Boeing -sujeta a un acuerdo formal- para incorporar a la flota de IAG 200 aviones B737 MAX, modelo, cuya operación está prohibida desde marzo tras el accidente registrado ese mismo mes en Etiopía y otro ocurrido en el mar de Java en octubre pasado.

Vázquez ha respondido que los gestores consideran estos aviones como los más convenientes y lo que se busca es poder tener la mejor flota posible, sin que exista otra lectura en esta decisión.