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La Audiencia Nacional ha acordado extraditar a México al ex director general de Pemex Emilio Lozoya por un presunto fraude de 280 millones de dólares en la compra de una planta de fertilizantes y por haber recibido unos 10,5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

En un auto, los magistrados de la sección segunda de la Sala de lo Penal consideran que se cumplen todos los requisitos establecidos en la legislación para proceder a la entrega, además de que el propio Lozoya accedió a ser extraditado en un escrito presentado el pasado 29 de junio.

Las autoridades mexicanas le atribuyen un delito de cohecho y asociación ilícita, así como de "operaciones con recursos de procedencia ilícita", que se correspondería con el delito de blanqueo del Código Penal español.

El procedimiento de extradición comenzó el 12 de febrero de 2020 cuando Lozoya, director de Pemex entre 2012 y 2016 con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido en Málaga después de que en mayo de 2019 fuera puesto en busca y captura internacional por su presunta implicación en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, a la que luego se añadieron nuevas denuncias.

El 13 de febrero fue enviado a prisión en España mientras se tramitaba la extradición.

Según la resolución, antes de ocupar su cargo en Pemex, se comprometió "a conseguir que la entidad paraestatal le otorgase ilícitamente contratos de obra en el país" con la empresa Altos Hornos de México(AHMSA), representada por Alonso Ancira, conocido como "el rey del acero" y que también fue detenido en España por una reclamación de su país.

A cambio de este acuerdo, Lozoya recibió una cantidad de dinero, que posteriormente utilizó para la compra de un inmueble.

En diciembre de 2013, ya como director general de Pemex, propuso al Consejo de Administración que la empresa Pro Agroindustria, filial de la petrolera, comprase los activos de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, representada por Alonso Ancira.

Esta planta había permanecido inactiva durante 14 años y los informes desaconsejaban su compra, pero finalmente Pemex adquirió el inmueble por 264 millones de dólares, además de tener que invertir 450 millones en rehabilitar el espacio.

La segunda causa por la que Lozoya está reclamado se remonta a 2009, cuando ocupaba el cargo de director del Foro Económico Mundial de América Latina y pidió a Luis Alberto de Menesses, director superintendente de Odebrecht en México, que realizase un pago a su favor para apoyar la campaña del PRI.

Entre abril y junio y en noviembre de 2012, Odebrecht hizo hasta 8 transferencias por un total de 4 millones de dólares a las empresas Latin América Asia Capital Holding LTD y Zecapan, vinculadas a Lozoya o a su familia.

Además, en 2013 otorgó de forma directa a la constructora brasileña un contrato de 1.436 millones de pesos para unas obras en la antigua refinería de Tula, a cambio de 6 millones de dólares, de los que entre 2013 y 2014 recibió 5 millones mediante 5 transferencias a la cuenta bancaria a nombre de Zecapan.