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La Fiscalía de Madrid ha dirigido un escrito al juzgado que investiga la conveniencia del rescate público a la aerolínea Plus Ultra, en el que insta a desbloquear los 34 millones de euros pendientes al no apreciar delito y para evitar una situación de iliquidez a clientes y acreedores.

En un escrito fechado ayer al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía indica que "no está acreditado en modo alguno, a la vista de las actuaciones practicadas la existencia de delito, ni de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o fraude de subvenciones y por tanto, tampoco la necesidad de adoptar medida cautelar alguna".

El juzgado de instrucción nº 15 de Madrid suspendió el pasado 22 de julio el rescate a la aerolínea, a la espera de las alegaciones de la Fiscalía y de la justificación del mismo por parte de la empresa.

En opinión de la Fiscalía, no hay peligro de incurrir en mora procesal, ya que la ayuda consistió en dos préstamos -uno participativo por 34 millones y otro ordinario por 19-, por lo que sólo en el momento en el que se incumpliera el vencimiento de la obligación de devolución se podría producir un daño real.

Hay mecanismos de control, añade el escrito, para asegurar la devolución del préstamo, ya que la ayuda se ha canalizado a través del Fondo de Ayuda, organismo sujeto a la fiscalización de la Intervención General de la Administración del Estado.

Asimismo, recuerda que existe un informe de la Intervención General de la Administración del Estado que concluye que la concesión y desembolso del préstamo a Plus Ultra "no supone un quebranto patrimonial para el Fondo".

En su plan de viabilidad, la compañía ha aportado garantías adicionales, que la Fiscalía considera "adecuadas y suficientes para la preservación de los fondos públicos", señala el ministerio público, que recuerda que existe además un contrato de prenda sobre acciones equivalentes a la mayoría del capital social del beneficiario.

La fiscal considera que "debe tenerse en cuenta que la necesidad del desembolso del préstamo participativo de 34 millones de euros pendientes de entrega se deduce del plan de viabilidad" aportado al expediente administrativo, y que ha sido examinado por los asesores independientes.

En estos informes, añade, se concluye que la ayuda pública "es imprescindible para el mantenimiento de la compañía", un principio fundamental a la hora de conceder el rescate y que ha sido estudiado por el asesor DC Advisory.

El Ministerio Público se remite a las conclusiones de aquel trabajo, el cual advertía de que, sin apoyo estatal, Plus Ultra "no podría atender sus obligaciones operativas y retornar a la actividad, teniendo graves dificultades para seguir en funcionamiento".

El cese de la actividad de la aerolínea, sigue citando, "generaría una pérdida de empleo directa de más de 400 personas y afectaría de forma indirecta al empleo de 2700 trabajadores".

Todo ello redundaría en un impacto de "365 millones de euros en términos de facturación".

En este punto, la Fiscalía alude al informe presentado por la compañía en la solicitud de levantamiento de la suspensión, en el que se menciona que "del total de los cerca de 50 millones de euros de pasivo del balance de Plus Ultra, los clientes, por el pago anticipado de billetes de avión, y los acreedores comerciales, suponen un 80 %".

Por tanto, una eventual situación de iliquidez "dejaría a dichos colectivos como principales perjudicados".

El pasado 9 de marzo el Gobierno dio luz verde al rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.

Este lunes, el Tribunal de Cuentas archivó una denuncia presentada por Ciudadanos contra el rescate, al entender que no ha habido menoscabo para el erario público pues los fondos se han otorgado mediante un préstamo que no supone un quebranto patrimonial para el Fondo de Ayuda, uno de los argumentos que ha tenido en cuenta la Fiscalía de Madrid.