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La mayoría del Congreso apoyará previsiblemente este martes la necesidad de suspender las reglas fiscales para 2020 y 2021 ante la "apreciación" de que existe una pandemia en España y de que se da una circunstancia extraordinaria para congelar los objetivos de déficit y deuda.

El Gobierno somete a votación el acuerdo que aprobó el Consejo de Ministros por el que solicita del Congreso de los Diputados la apreciación de que España está sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria contemplada en los artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Es la primera vez que se recurre el artículo 135.4 de la Constitución que señala que los límites de déficit y deuda "solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados".

Con este hecho Hacienda se garantiza que el primer trámite parlamentario para presentar los Presupuestos de 2021 está superado, ya que el Congreso debatirá el nuevo techo de gasto pero no votará una senda de déficit que pudiera ser rechazada.

No obstante, el Ejecutivo planteará la tasa de referencia de déficit que ha establecido en el 7,7 % del PIB para 2021, con un déficit del 5,2 % para la Administración Central; del 1,1 % para las autonomías; del 1,3 % para la Seguridad Social, y del 0,1 % para las entidades locales.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicará el límite de gasto no financiero o techo de gasto de 2021 que asciende a la cifra récord de 196.097 millones de euros y que incluye la primera anualidad de los fondos europeos por 27.436 millones, con los que se prevé impulsar el crecimiento económico hasta el 9,8 %.

Sin embargo, toda vez que el Plan presupuestario ha sido remitido ya a Bruselas Montero será interpelada por las subidas de impuestos con las que el Gobierno prevé recaudar 6.847 millones adicionales en 2021.

En este sentido, tendrá la oposición del PP y VOX que critican la subida de gravámenes y le pedirán cuentas por la "serie de medidas" en la imposición directa que pretende "reforzar la progresividad del sistema impositivo" con una recaudación adicional de 550 millones en 2021, lo que podría estar relacionado con la posibilidad de incrementar el IRPF a las rentas altas.

El plan remitido a la UE prevé ingresar, precisamente, 1.509 millones adicionales por la imposición indirecta (en la que se incluyen el IVA o los impuestos especiales).

La portavoz de economía del grupo parlamentario de Ciudadanos, María Muñoz, ha reiterado a EFE que su formación no apoyará una "subida masiva y generalizada de impuestos" y sobre todo si afecta a la clase media trabajadora, como puede ser el impuesto al diésel.

No obstante, el portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, insiste en querer negociar las cuentas públicas y además ha avanzado que votarán a favor del artículo 135.4 y de la Ley de Estabilidad que permite suspender las reglas fiscales en casos extraordinarios.

Sin embargo, Ciudadanos y PP coinciden en que aunque no se vote una senda de déficit el martes, el Ejecutivo debería fijar un plan de consolidación a medio y largo plazo para tener unos objetivos a los que dirigirse y desde la formación naranja se alude a que debe haber un plan de reformas y una supervisión del gasto.

De todas formas la mayoría del Congreso apoyará la necesidad de cancelar los objetivos de déficit y deuda, entre otros el PNV, que se ha mostrado en varias ocasiones a favor de cancelar la regla de gasto para que los ayuntamientos pudieran utilizar sus remanentes.

JxCAT también votará a favor ya que en varias ocasiones ha urgido al uso ilimitado del superávit de los ayuntamientos para inversiones sostenibles o gastos covid, pero en declaraciones a EFE el diputado Ferrán Bel afirma que reclamará que Hacienda ponga sobre la mesa los 5.000 millones del fondo para transporte municipal, así como la actualización de las entregas a cuenta.

Por otra parte, las políticas fiscales de ERC, Compromís, Más País o EH Bildu están en sintonía con las medidas tributarias que plantea el Gobierno, que según el plan presupuestario tendrán un impacto de 9.170 millones entre 2021 y 2022.