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El previsible aumento de los casos que deberán tramitar los juzgados españoles tras el fin del estado de alarma por el coronavirus sitúa a la mediación bancaria como alternativa al colapso judicial, una fórmula útil sobre el papel pero que, advierten expertos, aún cuenta con múltiples limitaciones.

Teniendo en cuenta que en los últimos años el número de litigios con entidades financieras ha crecido de forma exponencial, los más optimistas confían en que la crisis económica y social provocada por la pandemia sirva, al menos, para legitimar esta vía extrajudicial en la que el cliente y su banco intentan voluntariamente alcanzar un acuerdo con la ayuda de un mediador.

Para el socio director del despacho Quercus Jurídico, Eduardo Rodríguez de Brujón, esta mediación "se va a convertir en un caballo de batalla para empresarios, autónomos y pymes en la negociación con sus bancos".

Durante la sesión "Mediación bancaria y familiar" organizada recientemente por la Cámara de Comercio de Madrid, Rodríguez de Brujón lamentaba que se trate de un mecanismo "marginal" de resolución de disputas frente al sector bancario, "que lo primero que hace cuando tiene un problema es derivarlo a empresas de recobro o a los servicios jurídicos".

Algo significativo ya que, a pesar de que en las entidades "han recibido miles de demandas de sus clientes, no están reaccionando a las condenas sistemáticas que vienen recibiendo".

Para el director general de Tecnotramit, Viçent Hernández, en situaciones como la actual, "donde hay más sensibilidad", hay que fomentar la mediación, pues "ayuda a desahogar la sobrecarga de los juzgados, con el coste que representa para las arcas públicas".

El mediador, añade, se encontrará con "el endeudamiento de personas físicas y jurídicas que, si ya antes presentaban dificultades de pago, después del parón económico van a ver cómo aumenta la imposibilidad de hacer frente a sus compromisos".

También "le va a tocar mediar en ocupaciones de inmuebles o locales, o hacer frente a las quejas de los bancos propiciadas por una gran presión social ante la paralización de las obras de cooperativas o constructoras de viviendas por el coronavirus", cuenta Rodríguez de Brujón.

El abogado resalta la utilidad de los mediadores, que pueden impulsar "no sólo la reestructuración de la deuda sino una rebaja" si el contrato incluye cláusulas abusivas, y pone de ejemplo a la Comunidad de Madrid y sus oficinas de intermediación bancaria, "muy efectivas y rápidas", que ayudan a familias en riesgo de exclusión social o con problemas de liquidez a llegar a acuerdos con sus entidades, "muy útil en contextos de crisis".

LA POLÍTICA DE LA BANCA COMO ESCOLLO

Sin embargo, el socio de Basilea Abogados, Vicente Rodrigo, cree que "se han puesto muchas esperanzas" en esta mediación cuando las entidades "rehúsan sentarse en la mesa".

"Tuvo su primer hito en el Código de Buenas Prácticas, pero ha sido muy poco utilizado porque los requisitos para acceder a las ventajas eran muy complicados", explica a Efe.

Promulgado en 2012, el Código buscaba promover "la implicación del sector financiero en el esfuerzo de aliviar la difícil situación económica y social de muchas familias", ya fuera mediante la reestructuración de la deuda hipotecaria, una quita o la dación en pago de la vivienda.

"En puridad, debería servir, pero en este sector no, y eso que ha habido supuestos en los que el Gobierno ha forzado a la banca a atender las reclamaciones, pero al final prima el derecho a la tutela judicial efectiva", sostiene Rodrigo, que apunta que las entidades "van a juicio para diferir los pagos".

El "colapso absoluto" de los juzgados especializados en conflictos hipotecarios, como el de Madrid que "ya tarda dos años en admitir a trámite una demanda", ha elevado el plazo medio para una condena en firme hasta los cinco años.

Durante ese tiempo, relata, aunque el banco sabe que la cláusula es nula, demora el reintegro para mitigar el impacto en sus cuentas.

Rodrigo ve otro obstáculo a la hora de aplicar el mecanismo: "el mediador sólo puede instar al diálogo, es decir, obliga a las partes a sentarse en una mesa mientras hace las veces de moderador".

De ahí que sea necesario "dotar a esta figura de mayores competencias, similares a las de un árbitro".

¿PROVOCARÁ EL CORONAVIRUS UNA AVALANCHA JUDICIAL?

Aunque confían en que las medidas del Gobierno minimicen las acciones judiciales vinculadas a esta crisis, los expertos dan por hecho que el coronavirus provocará un repunte de los litigios, que recaerán especialmente en los juzgados de lo Social y Mercantiles, a raíz de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y de los concursos de acreedores.

Aumentarán asimismo, dicen, los casos civiles, pero por motivos ajenos a la pandemia.

De este modo, el 2020 se presenta intenso para la banca, concluye Rodrigo, que recuerda las dos recientes problemáticas del sector: la usura en los intereses de las tarjetas de pago aplazado o "revolving", constatado recientemente por el Tribunal Supremo, y las hipotecas referenciadas al IRPH, cuya transparencia deberá ser analizada contrato por contrato como dictaminó Europa.