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La multiplicación de medidas asociadas a la covid-19 ha elevado la carga normativa sobre las cadenas de supermercados, que denuncian la disparidad de restricciones que afectan al sector en función de la comunidad autónoma en materia de aforos, horarios, movilidad y surtido de productos.

Las patronales que agrupan a las empresas de distribución, ACES y Asedas, advierten de la complejidad que entraña un entorno regulatorio que cambia, literalmente, varias veces al día, lo que en su opinión genera sobrecostes, ineficiencias y dificulta tanto la gestión de sus plantillas como el servicio al cliente.

Los ejemplos van desde Andalucía, donde se ha prohibido a los supermercados vender bebidas con más de 20 grados de alcohol a partir de las 18.00, hasta Melilla, que obliga a las tiendas de alimentación ubicadas en gasolineras a cerrar a las 19.00 ya que desde esa hora sólo se permite la venta de combustible.

En otras partes del país, las tiendas deben precintar a partir de cierta hora la parte destinada a venta de menaje para evitar así la competencia desleal con otros comercios que deben bajar la persiana más pronto por no ser considerados esenciales.

"Incluso tenemos casos en los que se nos obliga a limitar las plazas de aparcamiento en función del aforo dentro de la tienda, lo que provoca que haya gente dando vueltas para aparcar cuando hay sitios libres precintados", explican a Efe fuentes del sector.

Estas limitaciones de aforo van desde el 25 % que decretó Canarias para zonas con altas tasas de contagio hasta el caso por ejemplo de Cataluña o La Rioja, donde se puede abrir al 100 %, aunque también hay comunidades que fijan el porcentaje en el 50 % (como Cantabria, Comunidad Valenciana o Galicia).

Las divergencias se repiten en las horas de cierre -Asturias marcó el mínimo al decretar el cierre a las 20 horas-, a lo que se suma el impacto en los supermercados que dan servicio en un ámbito supramunicipal cuando las restricciones impiden a la población salir de su localidad.

"Hay establecimientos pensados para dar una oferta a una comarca de 10.000 habitantes y de repente sólo pueden acudir 2.000. En Cataluña durante muchas semanas no podías ir a la tienda de otro pueblo", recuerda otro portavoz del sector, que apunta al País Vasco como otra de las zonas con problemas similares.

Estas mismas fuentes hablan de "caos" y "locura normativa", y los datos recogidos por la consultora Worldlex lo apuntalan: en 2019, se publicaban de media en boletines oficiales 1,3 nuevas normas por día referentes al comercio en el ámbito comunitario, estatal, autonómico y local, cifra que aumentó a casi 9 normas diarias en 2020 y a más de 12 en este arranque de 2021.

Más del 80 % de las más de 3.000 disposiciones legales registradas el pasado año estaban vinculadas de una forma u otra a la pandemia, según explica a Efe el responsable de negocio en Worldlex, Andrés Mira, quien habla de un "aluvión" regulatorio con "modificaciones constantes" de las mismas órdenes, incluso varias veces en una misma semana.

"Estar al día en todo es una tarea titánica, y eso que las medidas por la pandemia se concentran en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y sobre todo en la administración autonómica", recuerda Mira.

Las empresas reconocen que en comparación con otras actividades comerciales -sobre todo la hostelería- su situación es mejor debido a su consideración de servicio esencial para garantizar el abastecimiento de alimentos, pero insisten en la dificultad que entraña adaptar las operaciones a tanta disparidad de medidas.

"Es urgente que recuperemos cuanto antes la normalidad normativa, la presión que soportamos va a terminar teniendo efectos negativos tanto a nivel de coste para las empresas como en el servicio a los consumidores", defiende en declaraciones a Efe el director general de Asedas, Ignacio García Magarzo.

El representante de la entidad -que agrupa a Mercadona, DIA, IFA, Euromadi y a enseñas regionales- insta a las autoridades "a confiar" en los supermercados después de haber demostrado su capacidad incluso en los momentos más difíciles de la pandemia, y ha pedido "proporcionalidad" y una mayor "homogeneidad" en las medidas.

"Nos hacemos cargo de la situación sanitaria, pero nos está siendo muy difícil de gestionar por la disparidad normativa y los múltiples cambios en la regulación", admite por su parte el presidente de ACES, Aurelio del Pino.

El portavoz de los supermercados de El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Lidl y Eroski ha recalcado que ya se ha garantizado que sus tiendas son "espacios seguros", por lo que hay limitaciones "que no están justificadas".

Óscar Tomasi