EFECOMMadrid

El número de empresas que se declararon en concurso de acreedores -antigua suspensión de pagos- cayó un 38,2 %, hasta las 714, en el segundo trimestre del año, coincidiendo con el momento más critico de la pandemia, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

No obstante, el INE recuerda que estos registros están marcados por las limitaciones de la actividad judicial durante el estado de alarma, e insiste en que su Estadística de Procedimiento Concursal previsiblemente reflejará, en los próximos meses y de forma paulatina, los deudores afectados por esta situación.

Entre abril y junio, el número total de concursos de acreedores, que incluye los de personas físicas, fue de 1.111, un 41,3 % menos que en el mismo periodo de 2019.

De ellos, 1.064 fueron voluntarios (un 40,2 % menos que en el segundo trimestre del ejercicio anterior), y 47 necesarios (un 59,1 % menos), mientras que por clase de procedimiento, los ordinarios disminuyeron un 51,9 %, en tanto que los abreviados lo hicieron un 40,2 %.

Más allá de las empresas concursadas, que constituyen el grupo más significativo, un 64,3 % del total de deudores, la estadística recoge a las 397 personas físicas sin actividad empresarial, esto es, el 35,7 % restante, que se acogieron a la misma vía.

PYME Y DEDICADA AL COMERCIO: EL PERFIL DE EMPRESA CONCURSADA

En cuanto a la forma jurídica, un 79,4 % de las compañías eran sociedades de responsabilidad limitada, y del total, un 34,7 % se situaban en el tramo más bajo del volumen de actividad (menos de 250.000 euros).

Respecto a la actividad que desarrollaban, el 22,4 % pertenecía al comercio, y el 15,7 %, a la industria y la energía, en tanto que por número de asalariados, el 55,2 % del total de empresas en concurso contaba con menos de seis empleados, y entre estas, un 27,7 % no tenía ninguno.

El INE, que desglosa sus datos en función de la antigüedad de las compañías, concluye que un 23,8 % de las concursadas en el segundo trimestre había sido constituida hacía veinte años o más, resultando especialmente golpeadas las vinculadas al comercio, a la industria y a la energía, mientras que un 21,1 % tenía menos de cuatro; de estas últimas, el 23,2 % se dedicaba al comercio.

CATALUÑA, COMUNIDAD VALENCIANA Y MADRID, LÍDERES

El reparto geográfico destaca a Cataluña (297), Comunidad Valenciana (173) y Madrid (164), que concentraron en el segundo trimestre el 57,1 % del total de deudores concursados en España.

Todas las comunidades registraron descensos anuales en el número de deudores, si bien Andalucía y Asturias presentaron las mayores bajadas, del 60 % y el 58,3 %, respectivamente.

Por debajo del umbral de los cien procedimientos se encuentra, precisamente, Andalucía (74), seguida de País Vasco (63), Galicia (62), Castilla y León (61) y Aragón (58).

El resto de comunidades concluyó el trimestre aún más lejos de esos registros: Canarias (28), Baleares (27), Murcia (24), Castilla-La Mancha (23), Navarra (14), Extremadura y Cantabria (ambas 13), Asturias (10) y La Rioja (6).

UN SEMESTRE EN NEGATIVO MARCADO POR EL ESTADO DE ALARMA

Los registros del último trimestre confirman la tendencia a la baja de los concursos de acreedores en lo que va de 2020, año en el que el total de estos procedimientos ha caído un 31,7 %, hasta los 2.612, frente a los 3.826 del ejercicio anterior.

Tomando como referencia el primer semestre de 2019, las empresas concursadas han bajado un 28,7 %, un porcentaje sensiblemente inferior al de las personas físicas sin actividad empresarial, que ha retrocedido un 36,6 %.

En una nota, el INE destaca que la declaración del estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus ha limitado la actividad de los juzgados, como muestra que entre abril y junio la tasa de respuesta haya estado en el 55 %.

De ahí, añade, cabría esperar que en los próximos trimestres la estadística refleje paulatinamente los deudores concursados que se hayan visto afectados por esta situación.

Todos los procedimientos se han producido al amparo de la Ley Concursal, que persigue que las empresas que acuden a ellos sean viables y puedan seguir operando, al tiempo que permite a los acreedores cobrar parte de su deuda.

Por ello, los expertos instan a las sociedades con problemas de solvencia a que "pierdan el miedo" a declararse en concurso, especialmente aquellas "estranguladas financieramente", a las que recomiendan que inicien el procedimiento antes de que su situación se agrave.