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Las compañías energéticas y de automoción consideran que los objetivos en electromovilidad del Gobierno a corto plazo son "muy ambiciosos" y advierten de que no se alcanzarán sin ayudas públicas y cambios normativos que ayuden a rentabilizar la fuerte inversión que suponen.

El Ejecutivo se ha marcado como meta que en 2023 haya en España unos 100.000 puntos de recarga eléctrica (ahora hay unos 8.000 públicos) y 250.000 vehículos eléctricos, lo que obliga a matricular 83.000 unidades al año, frente a las 8.000 que se matriculan actualmente.

Eléctricas y distribuidores de carburantes trabajan desde hace años en tejer una red de puntos de recarga por todo el país sin que por el momento hayan logrado rentabilizarla, dado que el parque de vehículos eléctricos no alcanza ni al 2 % del total.

Para elevar esta cifra, fabricantes y vendedores de automóviles, que trabajan en reducir el elevado coste de este tipo de vehículos y su baja autonomía, reclaman ayudas públicas para incrementar las ventas como para desplegar una red de recarga que permita su uso masivo.

LAS ELÉCTRICAS RECLAMAN REDUCIR TRÁMITES Y COSTES ESTRUCTURALES

Para contribuir al despegue de la electromovilidad, Endesa prevé invertir 65 millones de euros en instalar 8.500 cargadores públicos hasta 2023.

Los objetivos del Gobierno son "sumamente" ambiciosos, "y nos parece bien para mover el mercado", pero para que sucedan tienen que pasar cosas que no dependen de las empresas, como, por ejemplo, que se agilicen los trámites administrativos para la instalación de la infraestructura de recarga o se reduzcan sus costes estructurales, como el término fijo de potencia, ha explicado a Efe la directora de Movilidad Eléctrica de Endesa, Elena Bernárdez.

"Nos encontramos con muchas dificultades para desplegar infraestructuras de acceso público". Los procesos administrativos puede dilatarse "meses o años", lo que no tiene sentido, sobre todo en instalaciones de baja tensión, para las que debería bastar con una declaración responsable, ha añadido.

"Si dan ayudas, serán bienvenidas e invertiremos más", según la directiva, quien, no obstante, ha insistido en que lo importante es agilizar trámites y, así, poder ponérselo fácil al usuario a la hora de usar su vehículo eléctrico.

A día de hoy, ha añadido, los puntos de recarga no son rentables, primero porque hay pocos coches y segundo, por el elevado término fijo de potencia que hay que pagar (hasta 80.000 euros al año los más potentes), tengan o no clientes.

"Lo que proponemos, y me consta que el Gobierno lo está analizando, es variabilizar esos costes fijos ahora que no hay demanda, porque si no, el que quiere invertir, mal va", ha añadido Bernárdez.

Por su parte, Repsol cuenta con más 250 cargadores públicos, mientras que EDP suma 210, y Cepsa, en alianza con Ionity, ha puesto en marcha 16 puntos de recarga ultrarrápida (del total de 20 que hay en España).

PETROLERAS Y GASOLINERAS PIDEN NEUTRALIDAD Y AYUDAS A INVERSIÓN

Desde la asociación de petroleras AOP han asegurado compartir los "muy ambiciosos" objetivos para la descarbonización del transporte, pero han reclamado que se contemplen "con realismo y certeza" y se tengan en cuenta todas las tecnologías existentes para reducir las emisiones, como los carburantes sintéticos (de bajas emisiones y que se pueden usar en los actuales motores de combustión).

"Es un objetivo que depende de las decisiones y necesidades de consumo de los españoles. En 2019, se vendieron 1.258.000 automóviles en España y sólo el 1,4 % llevaba un enchufe. Es obvio que queda mucho camino por recorrer y que en los próximos años seguirán siendo necesarias soluciones de combustión para rebajar las emisiones del 99 % del parque", han dicho a EFE desde la AOP.

Fuentes de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) han asegurado que muchos asociados han invertido en cargadores que, a día de hoy, "son ruinosos, porque no aportan ingresos al no haber demanda", y han advertido de que no se debería obligar a su instalación a un empresario (tal y como se pretende en la Ley de Cambio Climático).

Aunque son conscientes de que las estaciones de servicio deben contar con puntos de recarga, "no entendemos que se haga de forma artificial", y han subrayado que obligar sin apoyo público a una inversión para la que hoy no hay demanda "llevará al cierre de muchas estaciones de servicio".

"La redacción que finalmente se apruebe de la Ley de Cambio Climático y Transición energética -ahora en tramite parlamentario- condicionará la estrategia de instalación de puntos de recarga en España, que en este momento para BP no es significativa", han dicho fuentes de la petrolera, que han recordado que la electrificación del transporte es sólo una parte la transición hacia una economía descarbonizada.

Según la petrolera británica, para llevar a cabo esa "ingente" tarea es importante dar un marco regulatorio que permita el desarrollo de todas las tecnologías que ayuden a su consecución, y que Gobierno y empresas entiendan el impacto que la crisis económica por la covid pueda tener en las preferencias y necesidades de los consumidores.

Fuentes de Cespa han añadido que hay que ofrecer una alternativa real de infraestructura que fomente la movilidad eléctrica en los usos en los que es competitiva y, para lograrlo, es crítico establecer un marco sólido en el que se tenga en cuenta la capacidad de despliegue de los diferentes actores, el uso real del vehículo eléctrico y las necesidades del ciudadano en materia de movilidad.

ANFAC RECLAMA AYUDAS DE 450 MILLONES AL AÑO

Por su parte, la asociación de fabricantes de automóviles Anfac considera que para lograr los objetivos gubernamentales, el Plan Moves, que este año asciende a 100 millones, debería elevar su dotación a 450 millones: 250 para ayudas a la compra de vehículos alternativos y 200 para puntos de recarga.

El plan del Gobierno es "muy ambicioso" y, una vez fijados los objetivos, es clave la colaboración público-privada de las diferentes administraciones para que tenga un efecto arrastre claro sobre la inversión, el empleo y la cohesión territorial, según la asociación de concesionarios Faconauto, que ha reclamado reformas que aporten seguridad jurídica a las miles de pymes que representa la distribución y reparación de vehículos.

Ana Tuñas Matilla