EFELugo

Miles de personas respondieron este domingo a la convocatoria conjunta formulada por los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CIG para reclamar por parte de las administraciones, tanto de la Xunta de Galicia como del Gobierno central, soluciones que permitan solventar la amenaza de cierre de las fábricas de aluminio primario de Alcoa, en San Cibrao, y de Vestas, en Viveiro.

Bajo el lema “Futuro para A Mariña”, los manifestantes -muchos de ellos trabajadores de ambas plantas y vecinos de la comarca- han pedido medidas que pongan fin a la crisis industrial que atraviesa la comarca, con graves consecuencias laborales, sociales y económicas para todos los municipios mariñanos.

Los participantes han llevado una representación de un aerogenerador y de un lote de “tochos” de aluminio, para hacer todavía más presente la complicada situación de Alcoa, donde el comité de empresa mantiene la huelga indefinida para reclamar una salida que garantice la producción y los puestos de trabajo, y de Vestas, después de que la multinacional anunciase el cierre de la factoría de Chavín a finales de año.

En cuanto al proceso de consultas del ERE que Vestas pretende aplicar sobre la totalidad de la plantilla, formada por 115 trabajadores -aunque la multinacional asegura que está dispuesta a recolocar a sus empleados en otros centros de trabajo- el comité opina que esas “recolocaciones” que ofrece la compañía “por España adelante” no son más que “promesas sin fundamento”, carentes “de base”, para que los trabajadores firmen “el despido de buen grado”.

El comité de empresa de Alcoa, por su parte, pide que el Gobierno pase “de las palabras” a los “hechos” y que la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se haga cargo de la negociación, “como ya hizo en septiembre del año pasado, porque durante los cinco días que estuvo al mando se avanzó en el proceso de venta”, dijo su presidente, José Antonio Zan.

Los trabajadores piden que se “cumpla con lo prometido” y con el mandato del Congreso y del Parlamento de Galicia, de modo que el Gobierno, a través de la SEPI, realice una intervención temporal de la fábrica para facilitar la venda a un inversor industrial con un plan de futuro para la factoría, que garantice la producción de aluminio en San Cibrao y los puestos de trabajo.