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El Gobierno ha aprobado este martes una moratoria del pago de créditos al consumo para las personas en situación de vulnerabilidad económica por el impacto de la crisis del coronavirus durante un plazo de tres meses ampliables, mediante acuerdo del Consejo de Ministros.

El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, así lo ha explicado en conferencia de prensa al termino de ese Consejo, en el que también se ha dado luz verde a la ampliación de la moratoria hipotecaria, inicialmente para vivienda habitual, que ahora se extiende a locales y oficinas de autónomos golpeados por la pandemia.

Podrán solicitarla los autónomos cuya actividad haya sido suspendida por el estado de alarma o bien hayan registrado una reducción significativa de su nivel de ingresos.

Las entidades, ha detallado Iglesias, no podrán requerir a este colectivo el pago de la cuota hipotecaria ni de ninguno de los conceptos integrados en el contrato, incluidos intereses, "hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma".

"Hemos adoptado una prórroga de la moratoria hipotecaria y además hemos incluido entre los principales beneficiarios a los autónomos y a los propietarios, personas físicas que sufren impagos del alquiler", ha destacado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

El Ejecutivo ha aprobado, además, que en el caso de viajes combinados cancelados, los clientes podrán disponer de un bono a utilizar en un año; de no emplearse, se procederá a la devolución del dinero abonado.

Tanto la moratoria al pago de préstamos al consumo como la de la cuota hipotecaria han sido, en los últimos días, dos de las principales peticiones de las organizaciones sociales y asociaciones de consumidores, como ha reconocido Iglesias, que ha calificado de "muy importante" a este nuevo paquete de 50 medidas que "pone al país en la senda de una salida social a esta crisis".

Hasta ahora, sólo podían acceder a la moratoria hipotecaria los deudores en situación de "vulnerabilidad económica" por la emergencia sanitaria del coronavirus, y los fiadores o avalistas que se encontraran en la misma situación, siempre en referencia a su vivienda habitual.

El decreto incluía dentro de ese supuesto a los deudores que o bien hubieran perdido sus puestos de empleo a raíz de la crisis o, de ser empresarios o profesionales, hubieran sufrido una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída de sus ventas, de al menos, el 40 %.

No es la primera vez que España recurre a una moratoria de dicho tipo, puesto que el Gobierno anterior, con Luis de Guindos en el Ministerio de Economía, aprobó una medida similar a finales de 2012 que contó con el máximo apoyo de la banca para frenar el drama de los desahucios que se produjeron tras la crisis financiera.