EFEViena

"En Asia se piensa que en Europa se trata a las personas con respeto por los derechos humanos". Eso creía un inmigrante nepalí antes de trabajar en la agricultura en Portugal. Lo que encuentran, sin embargo, muchos trabajadores extranjeros en la UE es una situación de explotación, abuso y violencia.

El testimonio de ese migrante es uno de los 237 recogidos en un nuevo informe, publicado hoy, sobre explotación laboral de inmigrantes, tanto comunitarios desplazados a otros países de la UE, como provenientes de terceros Estados, sean irregulares o con permiso de residencia y trabajo.

"Las entrevistas dibujan una imagen más bien desoladora de explotación y abuso", señala el estudio, elaborado por la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea (UE), con sede en Viena.

Esas 237 entrevistas no son más que "la punta del iceberg", explica a Efe Ludovica Banfi, una de las expertas de la FRA que ha trabajado en el informe.

Banfi señala que para muchas de las víctimas entrevistadas supone un auténtico impacto descubrir que la UE no es el espacio de respeto a los derechos humanos que esperaban.

Esta socióloga califica de pasmoso "el nivel de violencia, explotación y abuso" que revelan las entrevistas.

"Muchos piensan que es normal trabajar doce horas al día, simplemente no saben que tienen derechos", explica.

El informe reúne los testimonios de 62 ciudadanos comunitarios y 175 de terceros países, principalmente de Asia y África, muchos de ellos en situación irregular.

Aunque las entrevistas se realizaron a personas que habían trabajado en Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Polonia, Portugal y el Reino Unido entre 2013 y 2017, Banfi explica que no hay país en la UE inmune a este tipo de situaciones.

La FRA ya había identificado en el pasado que en la UE hay trabajadores a los que se les paga un euro la hora, se les obliga a trabajar 90 horas a la semana o viven en pésimas condiciones.

Los testimonios recogidos en este informe hablan de palizas, acoso sexual, insultos, amenazas de despido o deportación, de retención del pasaporte o de los sueldos, o realización de actividades peligrosas sin ningún tipo de protección.

"Nos mantienen como perros, como esclavos. Dormimos fuera, en un parque. Todos dormimos fuera. Si nos da el dinero, puedo alquilar un apartamento para mí", narra una mujer, ciudadana comunitaria de un país del este, empleada en el sector hotelero en Alemania.

Aunque los abusos son sufridos tanto por los extracomunitarios como por ciudadanos de la UE desplazados, los primeros son mucho más vulnerables.

Incluso quienes están en situación regular pueden ser sometidos a abusos y chantajes, debido a que las leyes que vinculan el permiso de residencia a la relación laboral con un empleador determinado son usadas para mantener las condiciones de abuso.

Además, explica Banfi, hay un componente racista en "el abuso y el acoso" contra quienes vienen de fuera de la UE.

"Un día le pregunté a mi jefe por qué no me trataba como a los otros trabajadores (...), a los que no gritaba y a quienes pagaba. Me replicó que yo no era como ellos y que, a diferencia de los otros, no tenía otra opción que trabajar para él", relata un inmigrante subsahariano en situación irregular en Francia.

Banfi recuerda que el discurso de odio contra los migrantes ha estado muy presente en la Unión Europea desde la crisis de los refugiados de 2015 y que "hay un creciente ambiente de violencia que con seguridad también afecta a los trabajadores".

Alice Hamilton, otra de las autoras del informe, denuncia que en actividades como la agricultura, la construcción y el servicio doméstico hay una "total impunidad" y que los abusos en esos sectores siguen estando escondidos.

De hecho, de los 237 entrevistados sólo la mitad había denunciado su situación ante la Policía.

Las amenazas, el miedo, el desconocimiento del idioma local y la falta de contactos en el país hacen muy difícil escapar del abuso. Tanto que muchas víctimas sólo dan un paso adelante cuando ya no les es físicamente posible aguantar más o cuando acaban en el hospital.

"Alguien en una situación así no puede ayudarse. Está estrangulado, arrinconado. Está paralizado, y sólo trabaja y duerme. Por eso, sólo alguien desde afuera puede hacer algo", describe un inmigrante comunitario empleado en una tienda en Holanda.

La FRA insiste en que los países de la UE tienen que fomentar más y mejores sistemas de inspecciones, pero también asegurar vías para que los trabajadores extranjeros lleguen a Europa de forma legal.

Además, la FRA pide más control sobre las agencias de contratación e intermediarios, que a veces son parte de las redes de tráfico y explotación, informar convenientemente a los trabajadores de sus derechos y establecer mecanismos para que las víctimas puedan denunciar los abusos sin temer represalias.

Antonio Sánchez Solís