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La aerolínea Plus Ultra ha presentado este miércoles ante el juzgado la documentación que considera que justifica la necesidad de recibir los 34 millones de euros que le faltan por ingresar de los 53 millones del rescate que le concedió el Fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de ayuda a empresas estratégicas.

El pasado 22 de julio, un juzgado madrileño suspendió el rescate público de Plus Ultra y le dio un plazo de cinco días para que acreditara que necesitaba recibir los 34 millones de euros pendientes.

La aerolínea ha presentado en el juzgado dos documentos: un escrito que incluye sus alegaciones y un informe pericial encargado por la compañía aérea a un auditor de cuentas independiente que concluye que, "efectivamente, necesita recibir el préstamo participativo pendiente para garantizar su viabilidad" tras los efectos de la pandemia en su operativa.

La compañía ha publicado una nota que refleja la "incomprensión" ante la paralización del desembolso de esta parte del préstamo (ya ha recibido los otros 19 millones de los 53 aprobados) porque "no ha mediado ningún tipo de incumplimiento" por parte de la compañía y no han cambiado "en modo alguno" las circunstancias que aconsejaron su concesión.

El informe pericial demuestra, según del comunicado, que los 19 millones de euros recibidos hasta ahora han sido "íntegramente" empleados en los fines para los que estaban destinados.

Argumenta que la SEPI dispone de instrumentos que le permiten la monitorización y el control a tiempo real del destino, aplicación y estado de los préstamos otorgados y cuenta con mecanismos "taxativos" para su recuperación en caso de incumplimiento por parte de Plus Ultra.

La compañía reitera que el pasado 26 de julio el Tribunal de Cuentas consideró que con el desembolso de estos préstamos no se ocasiona perjuicio económico alguno a los fondos públicos.

Además, Plus Ultra ha presentado un recurso de reforma contra la decisión de la jueza Esperanza Collazos de encargar un peritaje que analice si cumplía los requisitos para obtener los 53 millones de euros que le concedió la SEPI.

Señala este recurso la "falta de pertinencia, necesidad y utilidad" de esa prueba pericial, que remite a la valoración de un experto "aquello que ya ha sido valorado por una pluralidad de autorizados estudios aportados a las actuaciones y respecto de los que, hasta lo aportado a la causa, no cabe atribuir razón alguna de duda o tacha".