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PSOE y Unidas Podemos han acordado llevar al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses la Ley de Vivienda que limitará, y eventualmente bajará, los precios de alquiler en zonas de mercado tensionadas.

La regulación del alquiler, junto con tres enmiendas de mejora al funcionamiento del Ingreso Mínimo Vital (IMV), han permitido cerrar un acuerdo entre ambas formaciones en el Gobierno para los Presupuestos de 2021, que este martes se aprueban en el Consejo de Ministros.

Según el acuerdo, la Ley de Vivienda, que en estos momentos se encuentra en información pública previa a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se elaborará conjuntamente con la vicepresidencia segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030.

La ley se llevará al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses y se presentará en el Congreso de los Diputados en un máximo de cuatro meses.

La norma establecerá para las zonas de mercados tensionado mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes.

Para determinar dichas zonas se usará la información obtenida por los sistemas de índices de referencia de precios de alquiler, que desarrollará el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana conforme a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica.

Se habilitará a las administraciones locales para que puedan declarar "de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler".

Para el IMV se ha acordado tener en cuenta de forma permanente los ingresos de los meses transcurridos durante el año en curso para poder conceder la prestación, algo que antes solo estaba previsto aplicar hasta 2021.

De esta forma, las familias no tendrán que esperar a que acabe el año en el que han perdido sus ingresos para poder solicitar el IMV y podrán hacerlo en cualquier momento del año.

Además, se ha reducido de 3 a 2 años de vida independiente los que las personas menores de 30 años tienen que demostrar para poder tener derecho al IMV y se ha establecido la posibilidad de que los servicios sociales puedan acreditar algunos de los requisitos exigidos para acceder al IMV.