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El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, propone un Plan Estatal para rehabilitar viviendas que movilizaría 400 millones de euros en cuatro años, según el nuevo documento del PSOE presentado hoy como base de un programa de legislatura.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha explicado este jueves que el documento ha sido aprobado por la Ejecutiva Federal del partido, y que prevé el compromiso de eliminar el índice de revalorización de las pensiones del 0,25 % aprobado por el PP.

Blindar en la Constitución el Sistema Público de Pensiones y actualizarlas de acuerdo con la evolución del IPC real, así como eliminar el factor de sostenibilidad ligado a la esperanza de vida o aumentar en mayor medida las pensiones mínimas y las no contributivas son otras propuestas.

De cara a recabar el apoyo de Unidas Podemos en el debate de investidura de la próxima semana en el Congreso, el PSOE ha aprobado un nuevo documento programático que pivota sobre cinco áreas prioritarias: empleo digno y pensiones, feminismo y lucha contra la desigualdad, cambio climático y transición ecológica y posición de España en el mundo, en Europa y sobre el modelo de convivencia nacional.

"Lo volvemos a intentar", ha dicho Ábalos en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva Federal.

Según el documento, un futuro gobierno socialista se compromete a acometer un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas vinculado a la eficiencia energética y a la accesibilidad, e incluiría ayudas destinadas prioritariamente a edificios ubicados en las zonas y colectivos vulnerables.

"Mantenemos el compromiso adquirido en el acuerdo presupuestario para 2019 en el que se consignaban 700 millones de euros en 2020 y 1.000 en 2021. De manera que en 10 años España invierta hasta el 1,5 % del PIB en políticas de vivienda", señala la propuesta socialista.

Además, se reforzaría el papel de SEPES y del ICO en la política de vivienda para fomentar la construcción de nueva vivienda de alquiler social, así como la rehabilitación de vivienda.

Se aprobaría un programa de financiación para rehabilitación de vivienda destinada al alquiler, incluyendo a pequeños propietarios que rehabiliten sus pisos y los pongan en alquiler a precios asequibles.

Sánchez aboga por movilizar el suelo público disponible mediante la cesión de derecho de superficie, y para mejorar el acceso de los jóvenes a la vivienda se aprobaría otro Plan Nacional de Fomento de la Emancipación Juvenil.

En materia fiscal contempla las medidas que ya incluían los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y que ahora se trasladarían a 2019, como la creación del Impuesto a las Transacciones Financieras o un tipo mínimo del 15 % para las grandes empresas en el Impuesto sobre Sociedades.

También limitar las exenciones de dividendos y plusvalías de sociedades por su participación en sociedades filiales, ejercer un mayor control sobre las SICAV, crear el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales o revisar el régimen fiscal de cooperativas y sociedades laborales.

En el programa de gobierno socialista también actualizaría la Estrategia de Sinhogarismo y se incrementarían los fondos para combatirlo.

En el capítulo de la igualdad de género se eliminaría la denomina “tasa rosa”, es decir, el incremento de precio de un mismo producto cuando se trata de una “versión femenina” y se reduciría el IVA de los productos de higiene femenina al 4 %, ya que se trata de artículos de primera necesidad.

Sánchez propone a todas las fuerzas política un Pacto por la Industria que incluiría una nueva Ley de Industria que permita la adaptación del sector a la globalización, a la transición ecológica y a la transición digital.

En concreto, se promoverían sectores como los de acumulación de energía y equipamientos para la electrificación del transporte.

Otras medidas que se refieren al ámbito laboral serían la creación de una nueva Ley de Ordenación de la Formación Profesional que incluya una regulación específica de la FP Dual o la aprobación el Estatuto del Becario para mejorar la retribución en prácticas.

Insiste en el aumento del salario mínimo de forma progresiva hasta llegar al 60 % del salario medio, en un nuevo Estatuto de los Trabajadores y en derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, aunque en este sentido no ofrece detalle y se limita al marco del diálogo social.

Otros compromisos serían la contratación de 3.000 orientadores para garantizar el acompañamiento personalizado de los usuarios de los Servicios Públicos de Empleo, la actualización de la legislación de prevención de riesgos laborales y la incorporación de nuevas enfermedades asociadas al uso de las TIC