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El juicio iniciado este lunes por una operación inmobiliaria de Banco de Valencia en Barcelona se ha suspendido sine die a petición de la aseguradora Caser, a la que la Fiscalía ha añadido a última hora como responsable civil y que ha alegado indefensión al no haber podido preparar su defensa.

Nada más comenzar el juicio en la Audiencia Nacional, la fiscal Carmen Launa ha reiterado los argumentos expuestos en su escrito de acusación pero ha añadido a Caser como responsable civil, que no penal, tras aportar una póliza en virtud de la cual la aseguradora realizó diferentes pagos relacionados con la operación inmobiliaria objeto del juicio.

La causa se dirige contra el ex consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra por presuntos delitos de administración desleal o apropiación indebida en una operación inmobiliaria en Barcelona con la sociedad Iberfin Capital, en la que su familia tenía participación.

La Fiscalía Anticorrupción, que pide para él entre dos y tres años de prisión y una multa de unos 81.000 euros, reclama idénticas penas para otras seis personas, antiguos directivos de la entidad levantina y de Bancaja, así como los responsables de la compañía, entre los que se encuentra el hijo de Parra, José Antonio.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público señala al que fuera consejero delegado de Banco de Valencia, a su director del área de inversiones y riesgos, Francisco Egea, y a los exdirectivos de Bancaja Juan Zurita y José Vicente Giner por actuar "en detrimento de los intereses de las entidades".

Los acusa de haber aprobado de forma irregular la subrogación de Iberfin Capital "en una carga hipotecaria inferior en casi 10 millones de euros a la que gravaba la finca adquirida por la empresa", situada entre la Plaza Cataluña y el Paseo de Gracia, y que procedía de un préstamo anterior concedido en 2006 por ambas entidades a la sociedad Andybal.

Según relata la Fiscalía, los vínculos entre Iberfin y Domingo Parra eran múltiples, no en vano su sociedad familiar, Intercapiresa, tenía una participación del 25 % en ella, y su hijo fue uno de los responsables que "solicitaron y obtuvieron" el visto bueno a la operación.

El ministerio público detectó irregularidades en el momento de la concesión de dos préstamos, por importe total de 112 millones de euros a Andybal, sin que previamente se hubieran tasado los inmuebles que se iban a adquirir ni se otorgaran garantías hipotecarias.

Ahora, el juicio se ha suspendido sin que el presidente de la Sala, Emilio Guevara, haya concretado cuándo se reanudará.