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El 1 de octubre muchos hogares vulnerables dejarán de ser beneficiarios del bono social y podrán ser privados de sus suministros energéticos y, por ello, el sindicato UGT ha instado hoy al Gobierno a que prorrogue estas medidas, "para proteger a los hogares en riesgo de exclusión social".

"Actualmente estamos inmersos en un proceso de rebrote de la pandemia del Covid-19, que sigue agravando las consecuencias sanitarias, económicas y sociales, y golpeando en mayor medida a los hogares más vulnerables", recuerda UGT en una nota remitida hoy.

Los últimos datos, publicados en septiembre, del Boletín de Indicadores Eléctricos de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), que reflejan los datos de febrero a abril, muestran que el número de beneficiarios del bono social ha ido aumentando durante la pandemia, alcanzando en abril los 1.271.352 puntos de suministros.

Por otra parte, según el Boletín Mensual de la Red Eléctrica Española, la demanda eléctrica de los hogares aumentó durante el confinamiento, tras la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo.

La vuelta a la actividad de las empresas supondrá un repunte de la demanda de energía eléctrica, y en consecuencia, irá acompañada de una subida de los precios, que ya se ha notado en agosto y septiembre e irá a más en otoño, por lo que muchos hogares seguirán teniendo problemas para calentar sus viviendas y para pagar sus facturas energéticas, añade la nota.

Por todo ello, el sindicato insta al Gobierno a continuar garantizando los suministros esenciales, a las personas vulnerables y en riesgo de exclusión social, al tiempo que pide que el plan de recuperación incorpore políticas sociales encaminadas a proteger a esos colectivos.

También solicita "desarrollar el plan de la Estrategia Nacional de lucha contra la pobreza energética, dotarla de recursos, y adaptarla a la situación provocada por la Covid-19".

Además, pide "acometer ya" un cambio de modelo energético socialmente justo y sostenible, que regule el mercado de los precios para hacerlos asequibles, y que tenga en cuenta a los hogares más vulnerables.

Asimismo, solicita a las empresas comercializadoras eléctricas más transparencia y que mejoren la información y formación de los consumidores para fomentar "el consumo responsable y la eficiencia energética".