La Comisión Europea (CE), como representante de los 27 estados de la UE, y Estados Unidos han iniciado la novena ronda de conversaciones sobre el Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés).

María López 

Un informe del Centre for Economic Policy Research asegura que el TTIP generaría 119.000 millones de euros para la UE, 90.000 para Estados Unidos y 100.000 millones más para el resto del mundo y, sin embargo, la oposición al acuerdo comercial no deja de crecer. Este ambicioso proyecto no supondría solamente una reducción de la presión arancelaria, sino que aspira a armonizar regulaciones y estándares técnicos.

Además de la extendida crítica a la opacidad de las negociaciones, los críticos con el acuerdo consideran que la UE quedaría en desventaja ante Estados Unidos, porque al equiparar niveles de protección sería la legislación más dura, la europea, la que cedería, aunque la CE dice negarse a negociar lo que considera líneas rojas: derechos laborales, medioambiente, industria agroalimentaria  y transgénicos.

El elemento más controvertido es la cláusula ISDS. Es un sistema de arbitraje donde las empresas denuncian y los estados sólo puede defenderse, para los que se oponen al TTIP esto es un ataque a la soberanía y al poder legislativo.

Las posibles consecuencias de esta cláusula han alimentado las protestas en países como Reino Unido, que celebra elecciones generales en mayo, donde las preocupaciones giran en torno al sistema nacional de salud. También Alemania y Francia, que no quiere desproteger su industria cultural, se oponen al ISDS.

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