La UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Dragados y Tecsa (ambas de ACS) ha solicitado la rescisión del contrato de un tramo del AVE a Granada, a su paso por la localidad de Loja, tras no aceptar el Ministerio de Fomento el incremento del presupuesto para seguir con las obras, según ha indicado hoy el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, quien no ha descartado penalizar a las empresas adjudicatarias.

Sanz ha exigido, en rueda de prensa, a la UTE que se cumpla la ley. "Aquí no hay un problema presupuestario, el Gobierno no tiene un problema de recursos económicos destinados a esta obra, que ya tendría que estar acabada", ha asegurado.

Ha explicado que se trata de problemas de la empresa y que el Gobierno esta estudiando qué decisión adoptará ante su planteamiento de "modificar" las condiciones de la adjudicación.

El Gobierno -ha proseguido- tiene la obligación de cumplir la ley, ya que "no se puede superar el 10 por ciento de incremento presupuestario que plantea" la UTE, por lo que ha considerado que "o hay acuerdo o hay rescisión" del contrato.

El delegado ha indicado que el Ministerio de Fomento está analizando la situación para tomar la decisión "más favorable y menos costosa" para los ciudadanos, al mismo tiempo que ha confiado en que las obras puedan continuar lo antes posible.

Sobre la posibilidad de cambiar la concesionaria, Sanz ha recordado que la rescisión de actual contrato supondría mayores plazos en la conclusión de la obra.

"El Gobierno lo ha hecho todo para que se hubiera terminado la obra y es un problema de empresa que requiere decisiones", ha afirmado el delegado, que cree que hay que agotar todas la vías posibles dentro de la ley.

En este sentido, no ha descartado ninguna posibilidad y ha matizado que "evidentemente se podría plantear algún tipo de resolución" entre la que no ha descartado la penalización.

"El contrato hay que cumplirlo y lo contrario tiene evidentemente consecuencias", ha asegurado.

Según Adif, la empresa ha formalizado la solicitud para concluir de manera unilateral el acuerdo por el que afrontaron este tramo de las obras de la alta velocidad entre Antequera (Málaga) y Granada.

La empresa había solicitado previamente un incremento del presupuesto para afrontar las obras, una subida que superaba el 10 % del coste total del proyecto y con un "difícil encaje legal", tal y como adelantó el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar en su última visita a Granada.