La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, ha declarado que el organismo que preside debería ser el depositario del Registro Central del Lobbies de España, al considerar que debería estar en manos de un organismo independiente.

Tras la propuesta de ley presentada el pasado 13 de marzo en el Congreso de los Diputados que permitirá crear un registro público de carácter obligatorio en el que deberán estar inscritos los grupos de interés y los parlamentarios con los que se reúnen, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha apostado hoy porque el Registro Central de Lobbies de España esté en manos de un organismo independiente.

Así lo ha manifestado la presidenta de este organismo, Esther Arizmendi, en el encuentro "Diálogos de Compliance", organizado por ASCOM (Asociación Española de Compliance) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la sede de este organismo .

En los próximos días, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno publicará además una recomendación sobre las Agendas Transparentes de los cargos públicos para seguir luchando contra la transparencia y el cumplimiento normativo por parte de las instituciones públicas.

Por su parte, el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, ha destacado que según un estudio realizado por este organismo, los lobbies no son percibidos como algo negativo.

“Los grupo de interés deben estar registrados y regulados a través de una normativa para que esa información sea accesible a la ciudadanía como ya sucede en otras instituciones europeas”, ha señalado Lizcano.

La transparencia como valor

La transparencia es percibida como un valor tanto por el sector público como privado para luchar contra la corrupción, pero todavía es necesario un cambio cultural en la sociedad para conseguir que el cumplimiento normativo sea realmente efectivo,  según han señalado los participantes en la cuarta sesión de Diálogos de Compliance.

"La transparencia es percibida como un valor tanto por el sector público como privado"

Según la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, todavía es necesario un cambio de mentalidad y con ello un cambio cultural en la sociedad española.

Desde que la Ley de Transparencia entró en vigor, poco más de dos años, solo 7.000 personas han solicitado información a la Administración Pública en comparación con otros países como Reino Unido, que recibió 45.000 preguntas en el primer año o Chile, con 37.000 personas que consultaron a la administración.

“El cambio cultural es extraordinariamente difícil porque los ciudadanos han crecido acostumbrados a la opacidad” y al mismo tiempo “no se creen capaces de ejercer ese derecho” según ha destacado Arizmendi.

Para el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, la transparencia para la sociedad española "es percibida como un valor social y un derecho básico".

Según Lizcano, la transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción tanto en entidades publicas como privadas. .

"España ocupa el puesto 17 en el ranking europeo sobre corrupción"

Según el último estudio realizado por Transparencia Internacional,  España ocuparía el puesto número 17 en el ranking de los 28 países de la Unión Europea considerados más corrupto por encima de Grecia e Italia.

Por su parte, el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés Corellano, ha dicho que "la opacidad genera dudas y la transparencia confianza", por lo que ha considerado "necesaria la colaboración entra la industria y los profesionales para conseguir más crecimiento en el sector farmacéutico”

Ha recordado que a partir del próximo año, toda la información relacionada con los patrocinios por parte de la industria farmacéutica a profesionales sanitarios deberán ser publicados en las páginas web de los laboratorios.

El compliance, o también conocido como cumplimiento normativo -contemplado en el nuevo Código Penal que entró en vigor el 1 de julio de 2015-, es un programa de prevención y protección para las empresas que aplicado correctamente las exime de su responsabilidad penal en caso de que cualquier miembro de la compañía cometa un delito.

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